El abogado de Isabel García Marcos considera ilegal el registro domiciliario

Las defensas de los 95 procesados del caso Malaya continuaron ayer sacando defectos a la instrucción de la macrocausa y tratando de convencer al tribunal de que es mejor que el juicio no continúe. Siguiendo esa línea, el abogado de la ex primer teniente de alcalde de Marbella (Málaga), Isabel García Marcos, aseguró que el registro a la casa de su cliente, en el que la policía intervino 378.000 euros, fue ilegal.

El letrado José Luis Rueda reclamó que se anule esta intervención policial, y las escuchas telefónicas, porque las autorizaciones judiciales no estaban correctamente motivadas. "Si el registro es ilícito y si las conversaciones [telefónicas] son ilícitas, también deben declararse nulas las declaraciones [judiciales] y expulsarse del proceso. Y si eliminamos eso, no queda nada", dijo. García Marcos se enfrenta a una petición fiscal de 12 años de prisión por los delitos de malversación de caudales, prevaricación administrativa, cohecho pasivo y alteración del precio del concurso y subasta.

Un funcionario de justicia procesado se queja porque fue detenido y no citado

La ex edil, expulsada del PSOE, batalló contra los gobiernos gilistas hasta que en verano de 2003 optó por cambiar de bando y apoyar la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz. Es autora de frases célebres incluidas en el sumario del proceso como: "Si no cobramos, no hago papeles para nadie. Yo, papel que hago, papel que cobro", y que la Policía sacó de sus conversaciones telefónicas.

Su defensa pidió que se saquen del proceso las declaraciones judiciales de García Marcos porque en ellas respondía sobre el contenido de las escuchas telefónicas y justificaba el origen del dinero intervenido, algo que lo que "podría deducirse que explícita o implícitamente" lo reconoce.Fue detenida el 1 de abril de 2006 y pasó cinco meses en prisión preventiva. El juez Torres autorizó su puesta en libertad, junto con la de la ex alcaldesa marbellí, Marisol Yagüe, bajo fianza de 60.000 euros. Nada más pisar la calle aseguró que siempre había sido una "luchadora contra la corrupción" y que se consideraba una "presa política". Del dinero hallado en su casa dijo que eran sus "ahorros".

El abogado de Carmen Revilla, la primera concejal que reconoció ante el juez Torres que Roca les entregaba dinero en sobres, también ha pedido que se anule su declaración porque habló "forzada". "Hubiera declarado que el Plan General lo hacía ella y que cobraba por todo (...) le dijeron que si colaboraba, evitaría males mayores", explicó al tribunal Juan Carlos Rivera.

Revilla quiere que se saque su confesión y también un escrito en el que supuestamente detallaba cómo se gestó la moción de censura contra Julián Muñoz y el sistema de pagos utilizado por Juan Antonio Roca, máximo imputado en el caso. La ex edil del GIL, ahora, no lo reconoce como propio.

El abogado del empresario adjudicatario de la grúa marbellí, Ismael Pérez Peña, pidió al tribunal que se planteara, cuando ya han expuesto sus consideraciones previas medio centenar de letrados, por qué se utilizaron las detenciones judiciales de forma sistemática, cuando se trata de una medida excepcional. La defensa de Francisco Ramírez, funcionario de los juzgados de Marbella, se sumó a la denuncia de medidas tan severas. "Mi cliente trabajaba en la cuarta planta y el juez estaba en la quinta. En lugar de llamarlo para que declarara, lo detienen en el Alambique, el bar de enfrente de los juzgados, delante de sus compañeros, y lo pusieron a disposición judicial dos días después", relató.