Europa busca un nuevo modelo agrario

El actual modelo de explotación y de gestión de la producción agraria en la Unión Europea no funciona. Un dato revela la difícil situación: la renta media de los agricultores y ganaderos europeos experimentó en 2009 una caída del 14,2%. En el caso de España, el descenso fue del 5,4%. Lo más grave es que el problema viene de lejos y que el montante de la renta agraria viene cayendo desde hace años: en 2009 se situó en 11.400 millones de euros, frente a los 14.000 millones de 1990.

En el conjunto de la UE, la crisis más importante en los últimos dos años se ha registrado en el sector de la leche de vaca, con una caída de precios del 40% y, sobre todo, con el abandono masivo de explotaciones y de producción ante la falta de acuerdos de precios con la industria. Esta situación ha forzado a Bruselas a crear un grupo de expertos para analizar el problema de la leche y hacer una serie de recomendaciones sobre el futuro del sector. Las conclusiones adoptadas por este denominado Grupo de Alto Nivel, asumidas por los ministros de Agricultura, contemplan la necesidad de un cambio en el actual modelo de gestión de la actividad en el sector de la leche, pero con unas directrices que se quieren extender al conjunto de la actividad agraria. La comisión dará forma de reglamento antes de fin de año a esas recomendaciones.

Las organizaciones interprofesionales son piezas clave en la nueva política

La UE quiere que el agricultor se quede con una mayor parte del precio final

La necesidad de un cambio en el modelo agrario es igualmente una exigencia contemplada en el borrador de propuesta para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). La comisión señala la necesidad de ir a un modelo de explotación agraria más eficiente, competitiva e innovadora. Pero, sobre todo, señala la necesidad de que el sector agrario participe más en el conjunto de la cadena alimentaria para lograr un mayor valor añadido a sus productos. Bruselas apunta que la participación de la producción agraria en el valor final de un producto en el punto de venta al consumidor ha pasado de suponer el 29% en 2000 a solo el 25% en 2005. La comisión reconoce en su informe que la renta agraria no ha mejorado y que se mantiene un 50% por debajo de las rentas urbanas, lo que requiere cambio en todo el proceso, desde la producción a la comercialización de los productos agrarios.

¿Por qué se suceden las crisis y no mejoran las rentas en el sector agrario aun en años con buenas cosechas y precios al alza?

En líneas generales se conocen las causas: el gran peso de los operadores y de los mercados, que se quedan con buena parte del valor, y la escasa vertebración agraria. Hecho el diagnóstico, falta el tratamiento: hasta la fecha no se han dado las respuestas adecuadas.

En los últimos años, a pesar de las diferentes reformas de la PAC, el peso de las ayudas directas se ha mantenido constante: una media entre el 28% y el 30% de la renta agraria. Por lo tanto, no es un problema de ayudas.

Los problemas para el sector agrario están en los mercados, marcados por la volatilidad, la especulación y la escasa capacidad de negociación de agricultores y ganaderos. Las reformas de la PAC se han traducido en la eliminación o la reducción a mínimos de los mecanismos de regulación que mantenían los precios a través de compras en intervención. Frente a esos nuevos mercados, el sector agrario no ha dispuesto de la necesaria organización, tanto para defender el valor de sus ventas como para lograr unos mejores precios en la compra de los medios de producción. Los precios de los abonos suben justamente cuando suben también los precios de los cereales. Las más de 3.000 cooperativas agrarias españolas desempeñan un papel importante para ordenar la oferta, pero, en muchos casos, se hacen entre ellas la competencia y no tienen la organización y coordinación necesarias para hacer el frente común que requiere la situación. Agropecuaria Navarra sería un ejemplo a seguir.

En contra de la mejora de las rentas y del mayor valor de los productos agrarios juega también la progresiva política de apertura de mercados y fronteras con terceros países, que permite colocar en la UE productos baratos más demandados en periodos de crisis, sin que se les pidan las mismas exigencias en materia de seguridad y controles que a los comunitarios.

Frente al actual escenario de crisis, el cambio de modelo propugnado por el Grupo de Alto Nivel en el sector lácteo, que se quiere extender a todos los sectores, pasaría, en primer lugar, por el establecimiento de un marco contractual escrito para las relaciones de los productores agrarios con las industrias y la gran distribución. El objetivo sería que ese modelo se concrete en los próximos meses en una propuesta legislativa en todos los países.

Un paso más en la misma dirección es una nueva reglamentación para que el sector agrario, a través de las organizaciones de productores, pueda entablar negociaciones colectivas en cada sector con industriales y distribuidores, con precios incluidos. Este nuevo modelo basado en negociaciones, pactos y contratos daría estabilidad a las partes, Bruselas apuesta igualmente por un mayor peso para las organizaciones interprofesionales a la hora de defender los intereses de agricultores y ganaderos. Con el objetivo de lograr un mayor valor añadido a los productos agrarios que beneficie a los productores, la comisión propugna igualmente el perfeccionamiento de la cadena alimentaria para darle una mayor transparencia y, sobre todo, para que el productor se quede con una parte mayor del precio final.

En España, para el responsable de los servicios técnicos de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Javier Alejandre, es fundamental que el sector se dote de mecanismos como centrales de compras y ventas, y no dejar el beneficio de años como este en manos de operadores que actúan según sus propias leyes frente un colectivo desorganizado. Para el representante agrario es fundamental que las organizaciones agrarias puedan desarrollar negociaciones colectivas en cada sector.

Los representantes de UPA, de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) coinciden en señalar que la Administración agraria española tiene hoy la posibilidad de subirse al carro de las propuestas comunitarias aprobando una ley de calidad alimentaria que permita a las organizaciones interprofesionales desarrollar todas esas funciones sin la amenaza de los servicios de la competencia, que se oponen a este tipo de acuerdos. El sector no entiende cómo en un país como Francia ya sea posible este tipo de pactos y que no se puedan llevar a cabo en España. Igualmente reclaman un marco legal para lograr una mayor transparencia de la cadena alimentaria en defensa de los intereses de la producción, frente a la industria y la gran distribución.

Las salidas para mejorar las rentas pasan por esa nueva política de contratos y pactos, por una mayor vertebración en origen y un mayor peso de las organizaciones interprofesionales, como defiende Bruselas. Pero, igualmente, requieren salidas desde la propia producción agraria con más eficiencia, más innovación, mayor especialización, una calidad diferenciada para sus productos, junto a un etiquetado correcto y un mayor control por parte de las autoridades frente a productos importados más baratos.