La mitad de los ciudadanos cree que paga más impuestos de lo que recibe
El 64% prefiere mantener la presión fiscal aunque los servicios no mejoren
Con el Estado de bienestar europeo ante un futuro incierto debido al solapamiento de los cambios demográficos, la crisis económica y la pujanza de potencias emergentes como China o India, los ciudadanos vascos no parecen muy dispuestos a lanzarse por la senda del modelo de los países nórdicos: mayor presión fiscal a cambio de más y mejores servicios públicos.
El 64% de los encuestados en el ultimo Sociómetro del Gobierno, presentado ayer, se muestran partidarios de mantener el nivel actual de impuestos aunque sea con iguales servicios, mientras que solo un 17% apoya pagar más para recibir más. Un 10% se sitúa en el polo opuesto y pide menos tributos, aunque la atención del Estado se resienta.Un 51% de la población encuestada considera que recibe menos servicios de lo que paga, frente a un 5% cree salir ganando.
La mayoría está satisfecha con los servicios en sanidad o educación
La gestión pública se liga a "burocracia"; la privada, a "motivación"
La encuesta se ha centrado en la percepción de los ciudadanos sobre las políticas públicas. Fue realizada a un total de 2.198 personas de los tres territorios entre el 7 y el 16 de septiembre pasados, con los sindicatos calentando la huelga general del 29 de septiembre contra la reforma laboral y con el presidente Zapatero poniendo la mira ahora en la reforma del sistema de pensiones. Tal vez esto se vea reflejado en las dudas de los encuestados sobre su futuro: un 54% cree que empeorarán las pensiones.
Preguntados sobre cuáles son los servicios públicos respecto a los cuales no estarían dispuestos a asumir recortes, el 45% responde que en sanidad, mientras otro 15% cita las pensiones y un 9%, las prestaciones por desempleo.
Casi la mitad de los ciudadanos (un 48%, en concreto) considera que paga más impuestos que los residentes en el territorio común. Una mayoría aún más amplia (77%) opina que el sistema tributario no es equitativo, ya que no pagan más impuestos quienes más tienen. Cerca de la mitad sostiene que hay "bastante" o "mucho" fraude fiscal, mientras que las instituciones hacen pocos o muy pocos esfuerzos para combatirlo.
La reacción ante lo público que refleja la encuesta dibuja varias paradojas. Por un lado, la ciudadanía se muestra satisfecha con algunos de los principales servicios públicos como la asistencia sanitaria o la enseñanza, aventurando incluso que mejorarán con el tiempo, al igual que los servicios sociales.
En paralelo, el 36% opina que los servicios públicos gestionados por empresas privadas no tienen nada que envidiarle a los desempeñados por la Administración. La gestión pública se ve asociada a conceptos como "burocracia", "preocupación por la igualdad" y "participación", mientras que la privada evoca entre los encuestados la "motivación en el trabajo", la "innovación", la "eficacia" y la "buena organización". Los servicios sociales y la Ertzaintza también reciben más opiniones positivas que negativas, mientras que la Administración de justicia y la promoción de la vivienda son los que más criticas suscitan.
Los encuestados parecen no tener una idea clara de quién hace qué en el entramado institucional, al menos en materia fiscal. Aunque una mayoría (53%) acierta que las Diputaciones son las encargadas de recaudar los principales impuestos, apenas uno de cada cuatro responde que son los entes forales los encargados de subir y bajar los tributos. Un 28% cree que depende del Gobierno central y otro 26%, del autónomo.
Un 43% lamenta la duplicidad en las competencias entre Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno vasco, frente a un 31% que no las aprecia.
A mayor cercanía, más satisfacción con el trato recibido por las Administraciones. Los Ayuntamientos recogen un 68% de opiniones positivas, frente a un 57% de las Diputaciones y un 52% del Gobierno. El Ejecutivo central cosecha más opiniones negativas (48%) que positivas (31%).
Más protección para los mayores
Un 61% de los encuestados estima insuficiente la ayuda que reciben los mayores que viven solas de forma independiente. Los ciudadanos consideran que este colectivo debería recibir más protección de las Administraciones públicas. En este sentido de la protección que deberían tener, les siguen los parados, las familias con ancianos dependientes a su cargo, los pensionistas y los jóvenes.
La otra cara de la moneda reside en los inmigrantes, donde parece que la percepción de que reciben un trato de favor por parte de las instituciones ha echado raíces. El 64% considera que se les presta mucha o bastante ayuda por parte de las instituciones. La acogida de extranjeros es también el área menos prioritaria para los interrogados a la hora de asignar recursos públicos.
Respecto a los medios utilizados para gestiones y consultas con las Administraciones, un 46% afirma haberlas realizado de forma presencial en la oficina correspondiente, mientras que otro 20% recurrió a Internet o el correo electrónico.
La mayoría (63%) se muestra muy o bastante satisfecha en estos casos, frente al 33% que respondió estar poco o nada satisfecha. Las principales dificultades que suelen evocar los ciudadanos son la excesiva burocracia, la falta de claridad del lenguaje administrativo en sus comunicaciones e impresos, las colas, así como la falta de interés y el trato poco amable de los empleados públicos.
Las administraciones municipales ganan también en rapidez a las Diputaciones, así como a los Gobiernos vasco y central. Y su personal es también el mejor preparado según los encuestados, aunque las diferencias son menos abultadas en este ámbito.
La encuesta resalta también que el grado de conocimiento de los tres diputados generales no supera la franja del 50% en el conjunto de Euskadi.
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