El PP impide investigar la autovía de Carballo porque no se adjudicó

De todos los argumentos que manejó el PP para rechazar ayer en el Parlamento una comisión de investigación sobre la autovía Carballo-Berdoias, sólo uno referido al propio proceso administrativo denunciado por los socialistas: que la autovía no llegó a adjudicarse. A partir de ahí, el portavoz de infraestructuras del grupo popular, Alejandro Gómez, cerró las puertas a investigar el caso con alusiones a las comisiones que se crearon y negaron durante el mandato del bipartito, o por la gestión que aquel Gobierno hizo de la misma infraestructura. El PP impuso su mayoría para frustar la reclamación, frente al voto afirmativo de PSdeG y BNG.

"No se puede defender una comisión de investigación basada en mentiras. Nunca se adjudicó la autovía, no mienta, sólo hubo una propuesta de una mesa de contratación", se defendió Gómez. La propuesta a la que se refería el diputado del PP encarecía en 395 millones de euros la que tenía la anterior adjudicataria, rescindida por el Gobierno de Feijóo, y superba en 215 millones a otra oferta que obtenía mejor valoración pero que fue penalizada por la mesa de contratación. El proceso está siendo investigado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ante la insistencia de la consellería en negar a las empresas concurrentes datos de la oferta seleccionada, que considera "confidenciales". Durante el proceso, cesó "a petición propia" la directora general de Infraestructuras, que presidió la mesa de contratación.

La oposición tacha de "histórica" la investigación judicial del caso

Pese a estos argumentos, y a que el conselleiro de Infraestructuras, Agustín Hernández, aseguró en junio, cuando el PSdeG denunció el sobrecoste, que la adjudicación se realizaría en el plazo de una semana, el PP negó la investigación por la simple inexistencia de la adjudicación. La Xunta ha optado por renunciar al contrato y licitar el proyecto con un nuevo modelo de colaboración público-privado, lo que supondrá un ahorro de 299 millones de euros, según el conselleiro. Ante eso, la oposición preguntó al PP por qué no optó inicialmente por ese mismo modelo. La respuesta la dio Hernández: "Porque entre diciembre de 2009 y junio de 2010, el deterioro de la situación económica no tiene parangón en la historia de España".

Respecto a la investigación parlamentaria, Alejandro Gómez comenzó por atacar el rechazo a crear comisiones similares en casos como el de la autovía del Barbanza o los incendios. "Sólo las aceptaban para investigar al anterior Gobierno del PP", les acusó. "Lecciones de parlamentarismo y democracia, ninguna", reclamó Gómez. La única investigación que aceptarían los populares, añadió, sería "sobre la adjudicación que hizo el bipartito de la misma autovía, a sabiendas de que no la iba a construir".

El diputado socialista Pablo López Vidal pidió una investigación para aclarar "el gran pelotazo en el que fueron pillados", cuando se disponían a adjudicar con un sobrecoste de 395 millones de euros. "¿A qué persona, física o jurídica, pretendían beneficiar?", se preguntó, para ofrecer una posible explicación: "Estamos ante la presunta financiación irregular de un partido político y el presunto enriquecimiento injusto de alguien".

López Vidal resaltó el "hecho histórico" de que un proceso de adjudicación acabe en el Tribunal Superior de Xustiza. Fue la denuncia de una de las empresas ante el TSXG y la que hizo el PSdeG en el Parlamento, el pasado 23 de junio, lo que infundió "miedo" en la Xunta y le hizo paralizar el proceso, acusó el diputado del PSdeG. López Vidal relató las "presuntas responsabilidades penales" del caso, entre las que citó prevaricación, cohecho, negociación prohibida a funcionarios y tráfico de influencias.

La nacionalista Teresa Táboas calificó el proceso de "tomadura de pelo continuada", que "desmonta el montaje de la supuesta austeridad" de la Xunta del PP. La diputada del BNG se preguntó "qué tiene que ocultar" el Gobierno gallego para oponerse a la comisión de investigación a fin de aclarar "el proceso más grave de adjudicación de obra pública en Galicia".