El PNV pretende supeditar las responsabilidades políticas a las judiciales en el 'caso De Miguel'

El PNV quiere que las decisiones judiciales que se vayan produciendo en los casos De Miguel -supuestos blanqueo de dinero, tráfico de influencias, cohecho, alteración de precios en concursos públicas, falsedad documental y prevaricación- y Tellería -presunto espionaje político de este ex dirigente del PNV con ayuda de ertzainas- tengan efecto inmediato sobre la comisión de investigación que se constituirá en el Parlamento.

El PNV, partido al que pertenece la inmensa mayoría de los imputados, pretende que si se produce un archivo o sobreseimiento de la causa judicial o de parte de ella la comisión parlamentaria siga el mismo camino e interrumpa su investigación.

Apurado por los varios escándalos que se han ido conociendo desde que perdió el Gobierno, el PNV no secundó, como tampoco Aralar, el texto con el que todas las demás formaciones parlamentarias solicitaron la constitución de una comisión especial en la Cámara.

Esa idea sobre los límites del trabajo de la comisión figura expresamente citada en la enmienda de totalidad que el PNV defenderá en el debate de la iniciativa y que está destinada al fracaso, ya que los partidos que respaldaron con su firma la comisión rebasan la mayoría absoluta.

Aceptar el planteamiento peneuvista significaría poner en relación causa-efecto las responsabilidades judiciales y las políticas, de tal modo que si las primeras no pudieran ser probadas no existiría tampoco la posibilidad de avanzar en la atribución de las segundas.

El PNV alberga, sobre todo, la expectativa de que el caso Tellería no prospere, ante la dificultad de probar que los datos en poder del ex dirigente peneuvista hubiesen sido usados para cometer algún delito como, por ejemplo, presionar o chantajear a las personas espiadas.

La formación busca que, de producirse un cierre de la pieza separada que abrió el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, el Parlamento deba abandonar la investigación política relativa a esa parte de la causa.