Balance lleno de interrogantes

Una vez transcurrido el día 29 de septiembre, ha habido una gran profusión de balances sobre el resultado de la jornada de huelga. La verdad es que en algunos casos no había necesidad de esperar al día 30, pues daban toda la sensación de estar escritos el 28, independientemente de lo que realmente ocurriera. No me atrevo a sumarme a esta lista porque no me siento con capacidad para analizar todos los aspectos y porque creo que en muchos casos la subjetividad es tan grande que no aportan novedades. En su lugar, deseo dejar constancia de algunas preguntas que me formulé durante el día 29 mientras, aunque de una forma algo alterada, estaba trabajando.

¿Hay muchas personas que no crean que era conveniente, y hasta necesario, que algún acontecimiento importante sacudiera la normalidad de la vida ciudadana, y que fuera como un grito que despertara no solo al Gobierno, sino a los políticos y al país en su conjunto, poniendo de manifiesto el grado de preocupación y de incomodidad con el que la mayoría de los ciudadanos están viviendo este año 2010 y exigiendo una movilización social constructiva mucho más activa?

¿No sería el momento de aceptar que España está en un proceso de ajuste después de la 'fiesta' de los últimos 15 años?

¿Hay conciencia de que la paralización de la actividad productiva durante una jornada puede suponer la reducción de entre el 0,2 y el 0,3% del PIB del año 2010, en unos momentos en los que se están discutiendo las previsiones de crecimiento y se están situando en la zona de unas poquísimas décimas, lo que supone que la huelga puede anular todo el posible crecimiento esperado?

¿Hay conciencia de que la huelga ha supuesto una reducción del prestigio en cuanto al rigor de muchos medios de comunicación que no solamente han manifestado de forma legítima sus posiciones políticas e ideológicas, sino que han transgredido su obligación de informar, ofreciendo una crónica deformada de la realidad, exagerando partes de la misma y olvidando otras para que su relato informativo reforzara sus postulados previos?

¿Hay conciencia en las organizaciones sindicales de que la sola existencia y anuncio de actuación de los piquetes, por muy buena voluntad que sus componentes pongan en reducir su actuación a la pura información, ya genera un ambiente de miedo que coacciona el derecho al trabajo porque es una disuasión previa y, por tanto, deslegitima todo balance numérico del seguimiento de la huelga?

¿Hay conciencia en las organizaciones sindicales existentes en la Administración y en los servicios públicos que la práctica del derecho de huelga en estos casos debería estar más limitada que en las empresas privadas, como contraprestación de unos privilegios de que gozan como funcionarios y en atención al perjuicio que causan a la totalidad de los ciudadanos al paralizar un servicio imprescindible (que por ello ha sido declarado "público").

¿No sería el momento de que sindicatos, patronales, bancos, partidos políticos, Gobierno y el conjunto de la ciudadanía aceptáramos abiertamente que España está en un proceso imprescindible de ajuste después de la fiesta de los últimos 15 años y que es necesario que los costes de tal ajuste los debamos soportar entre todos, por lo que no es aceptable que se estén cargando solamente sobre los que tienen rentas del trabajo y los que viven de pensiones?

¿No es un error haber avanzado con prisas (después de dos años de indignante paralización de las negociaciones patronales-sindicatos y la estoica inactividad gubernamental) en la reforma laboral y la anunciada reforma de las pensiones (ambas necesarias e ineludibles) y no haber entrado seriamente en la reforma fiscal (para hacerla más progresiva), en la reducción del fraude fiscal (para aumentar la recaudación) y en la reforma del sistema financiero (para eliminar privilegios y para mejorar el acceso al crédito)?

¿No habría sido mucho más razonable en lugar de dirigir la protesta hacia intentar anular una ley ya aprobada de reforma de las relaciones laborales (ley que seguramente no es la mejor posible, pero que responde a una necesidad de modernizar nuestro mercado laboral), dirigirla hacia reclamar que todos los estamentos sociales participen equitativamente en el proceso de ajuste y exigir, por tanto, la inmediata discusión de una reforma fiscal que equilibre las cargas de las rentas del capital y las del trabajo y también una reforma financiera que corrija las imperfecciones del sistema y evite los abusos que se han producido?

¿No habría sido también mejor exigir al Gobierno español que actúe y presione en la Unión Europea para la consolidación definitiva de un gobierno económico comunitario que tenga una mayor capacidad de enfrentarse a este poder que, de forma no identificable, se denomina "los mercados" (aunque es fácil imaginar quién toma las decisiones que hacen mover los mercados) y que, debido a su carácter supranacional, es claramente más poderoso que cualquiera de los Estados europeos por sí solo, y por ello impone sus reglas a los países, tal como hemos comprobado recientemente?

Son preguntas para las que yo tengo algunas respuestas y algunas dudas, y ante las que invito a los lectores a reflexionar.

Joan Majó es ingeniero y ex ministro.