Interior señala al juez por no echar a los violentos de Banesto antes del 29-S

Los antisistema que enturbiaron la huelga en Barcelona contaron, por primera vez en su historial de disturbios, con un cuartel general desde donde organizar sus razias: el edificio de Banesto, en plena plaza de Catalunya, que ocuparon cuatro días antes del paro general y transformaron en atalaya (para arrojar objetos a la policía) y refugio (para huir de los antidisturbios).

Los Mossos previeron lo que se les venía encima y alentaron a los propietarios a denunciar la usurpación y pedir el desalojo exprés. Pero el titular del Juzgado de Instrucción número 22 no apreció delito y derivó el caso a la vía civil, como hacen la inmensa mayoría de sus colegas de Barcelona. Fuentes judiciales explicaron que el magistrado no acordó el desalojo exprés porque ni la fiscalía ni los afectados se lo pidieron expresamente.

Boada estaba en la manifestación de Girona durante los incidentes

Esa decisión judicial de no acordar el desalojo fue clave, sostuvo ayer el Departamento de Interior, en el desarrollo de los incidentes que convirtieron el centro de la ciudad en un escenario de guerrilla urbana. Parapetados en su "castillo" de cinco plantas, los okupas "hostigaron" a la policía y se hicieron fuertes en el uso de la violencia, según el argumento del secretario de Seguridad, Joan Delort. También el alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, se quejó de la lentitud de los jueces y precisó que los incidentes de día de la huelga se hubiesen evitado si se hubiese desalojado a los okupas antes del miércoles

Entre el domingo y el 29-S la policía estuvo con las manos atadas porque, como recordó Delort, "no se pueden practicar detenciones preventivas". "Ese edificio fue el centro operativo y el refugio de gente que hostigó a los Mossos", añadió el consejero de Interior, Joan Saura.

Si los policías entraron a primera hora de la tarde en el edificio Banesto y desalojaron a sus ocupantes fue, precisamente, porque los antisistema usaron su posición desde el inmueble para arrojar objetos a la policía. Ante la comisión de un "delito flagrante" -la agresión a agentes de la autoridad-, Interior informó al juez de guardia de que se disponía a tomar el edificio, donde permanecían solo 19 personas de las 500 que llegaron a ocuparlo. Una de ellas fue detenida porque tenía una orden pendiente y a los demás se les identificó, aunque la policía trabaja ahora para acusarles también por causar desórdenes.

La vía más lenta

El desalojo del fortín radical, por tanto, no se hizo coincidir con la ya complicada jornada de huelga (hipótesis que había generado críticas a Interior), sino que vino dado por las circunstancias. "No ha sido una decisión caprichosa de la policía. Si por nosotros fuera, habríamos desalojado el mismo día. Pero el juez optó por la vía más lenta", sentenció Delort. Por la tarde, con el edificio ya desalojado y los agentes dentro, los Mossos informaron de los hechos al juez de guardia y este les indicó que comunicasen la situación a los propietarios, quienes acabaron tapiando el edificio.

La expulsión de Banesto enfureció a los antisistema, que por la tarde saquearon tiendas, quemaron contenedores y arrasaron el mobiliario urbano. Pero no fue, ni de lejos, la causa de unos disturbios que habían cuajado antes, a mediodía, y que alcanzaron el cenit con el incendio de un coche patrulla.

Ante una masa que altera el orden público y daña bienes, los antidisturbios tienen medios para dispersarlos por completo o para contenerlos mediante cargas. Los responsables del operativo para la huelga se inclinaron por lo segundo. Tal estrategia motivó que los disturbios se prolongaran durante nueve horas en una ciudad a medio gas por la huelga, pero también evitó males mayores, objetivo esencial en un asunto tan delicado como la seguridad ciudadana."No podemos entrar como Atila y llevarnos a todos por delante, sobre todo cuando en la misma plaza hay gente que no tiene nada que ver con los incidentes", dijo Delort. Saura le respaldó y recordó que si durante la manifestación de los estudiantes anti-Bolonia de marzo de 2009 se acusó a los Mossos de actuar "de forma indiscriminada", esta vez "las detenciones han sido selectivas".

Interior admitió la gravedad de los hechos en el marco de una jornada que, por lo demás, se desarrolló con cierta normalidad. Pero señaló que ni ocurre a menudo que los vándalos tomen el centro de la ciudad, ni las consecuencias han sido ahora tan graves como, por ejemplo, en 2002. "Hay menos comercios saqueados", dijo Delort de una jornada que dejó 81 heridos leves (la mitad, mossos) y 43 detenidos (60 en toda Cataluña). Ayer se sumaron otros dos, un hombre y una mujer detenidos en Sant Andreu con cuatro pantalones de una tienda saqueada que aún llevaban la alarma. De los arrestados en Barcelona, 30 quedaron ayer en libertad y el resto pasa hoy a disposición judicial. Están acusados de desórdenes públicos, daños, atentado contra la autoridad y robo.

El discurso de Saura, criticado por no dar explicaciones públicas el día de la huelga, fue de mano dura con los violentos: condenó los hechos de forma "contundente", dijo que los radicales no gozan de "ningún apoyo en la sociedad" y "no tienen nada que ver con los trabajadores", y les advirtió que "no quedarán impunes".

A pocas semanas de las elecciones, la oposición criticó con dureza la actuación de Joan Boada, el número dos del departamento y candidato de Iniciativa, que estuvo en la manifestación de Girona mientras se producían los incidentes. Artur Mas, presidente de CiU, fue contundente: "En cualquier Gobierno serio, y está claro que este no lo es, el presidente destituiría a un alto cargo que abandona su trabajo para, en clave partidista, ir a una manifestación". La popular Alicia Sánchez-Camacho censuró a Boada y acusó a Interior de no estar a la altura: "Hubo descoordinación con el Ayuntamiento y la actuación fue tardía". Boada se defendió ayer y aseguró que no tiene "cargo de conciencia" por acudir a la manifestación de Girona.

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