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COLUMNA

Confusión

Se puede discutir si una huelga general es o no una huelga política, pero no cabe duda que la convocada para este pasado 29 de septiembre no puede tener otro calificativo. El origen de la convocatoria está en un Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno de la nación, convalidado posteriormente por el Congreso de los Diputados y tramitado y aprobado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia por las Cortes Generales. Se trata, por tanto, de una huelga contra una ley, es decir, contra una manifestación de la voluntad general y que tiene como objetivo intentar conseguir que se produzca una rectificación que tendría que producirse inevitablemente mediante una nueva ley.

Esto no quiere decir que esta huelga carezca de cobertura en nuestro ordenamiento. Todo lo contrario. El derecho de huelga está reconocido constitucionalmente en unos términos que permiten que se pueda convocar una huelga como la del pasado día 29. A pesar de que el presidente de la patronal en la misma mañana del 29 afirmó de manera expresa que la huelga era ilegal e incluso ilegítima porque se hacía contra la soberanía nacional, no hay ningún argumento jurídico que pueda respaldar una afirmación de este tipo. Si el derecho de huelga es un instrumento del que pueden hacer uso los trabajadores en la defensa de sus derechos, ¿cómo no va a poder convocarse una huelga cuando estos derechos se ven afectados con el alcance más general con que pueden serlo, es decir, cuando la afectación procede de la ley? La ley tiene que ser cumplida, tendrá que ser aplicada, pero contra la ley se puede protestar. Frente a la ley del reconocimiento del matrimonio entre ciudadanos del mismo sexo se elevaron protestas y se organizaron manifestaciones y a nadie se le ocurrió tachar tales protestas y manifestaciones de ataques a la soberanía nacional. Los protagonistas de las mismas tenían el reconocimiento constitucional de los derechos para hacerlo. Exactamente lo mismo le ocurre a los sindicatos frente a la reforma laboral.

Esto está claro. Se trata de una protesta de naturaleza política con la finalidad de modificar el marco normativo sobre determinados aspectos de las relaciones laborales. También debería estar claro que los destinatarios de la protesta deberían ser el Gobierno de la nación y la mayoría parlamentaria que le ha permitido que la reforma laboral haya sido aprobada como ley.

Y sin embargo, si nos atenemos a las reacciones que se produjeron en el mismo día de la huelga tanto en el Congreso de los Diputados, como en ruedas de prensa y también en los distintos medios de comunicación, la impresión que se obtiene no es esa.

Ni el Gobierno ni su mayoría parlamentaria dieron la impresión a lo largo de toda la jornada de considerar que la protesta iba dirigida contra ellos. Curiosamente en el debate parlamentario de esa mañana fue el portavoz de CiU, Duran i Lleida, que no aprobó la convalidación del Real Decreto-ley y que no votó la ley posterior, quien conminó al presidente del Gobierno a que no cediera a la presión de la huelga y a que no rectificara la reforma laboral. Y han sido los medios de comunicación más opuestos al Gobierno y más expresivos de la derecha los que han sido más beligerantes a la hora de calificar el resultado de la misma. Parecería que no es un Gobierno de izquierda sino la derecha de este país la destinataria de la huelga general.

Las aguas bajan revueltas y no va a ser fácil no cometer errores de apreciación que después pueden tener un coste enorme. Las reacciones que se han producido tras el desarrollo de la huelga deberían ayudar a que no se cometieran. Veremos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de octubre de 2010