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Multa de 279.000 euros a un colegio concertado por el cobro de cuotas

El centro, de la institución de La Salle en Almería, ha recurrido la sanción

La Consejería de Educación ha sancionado a un colegio concertado de Almería con 279.000 euros por el cobro irregular de cuotas a las familias de los alumnos. Muchos concertados suelen recurrir a este tipo de pagos para cuadrar sus cuentas y complementar la subvención que reciben de la Administración. La Ley Orgánica de Educación (LOE) solo permite que los padres aporten cuotas si son voluntarias y solo para determinados servicios complementarios.

El caso de Almería arrancó cuando una familia de un alumno de este centro -perteneciente a la institución religiosa de La Salle- interpuso una denuncia por el cobro de cuotas durante el curso pasado. La Consejería de Educación abrió un expediente, que se ha cerrado finalmente con la sanción de 279.000 euros. Y comenzó a cobrar la multa reteniendo las aportaciones que el centro debía recibir por el concierto que tiene suscrito con la Administración.

La justicia ha paralizado la ejecución del expediente

Estas aportaciones que hacen los padres no pueden ser obligatorias

Sin embargo, el colegio decidió recurrir ante la justicia la sanción y "ha obtenido una paralización cautelar" hasta que se resuelva el fondo del asunto, según fuentes autonómicas.

La LOE establece que los centros que se sostienen con fondos públicos no pueden obligar a las familias a abonar este tipo de cuotas. El artículo 88 versa sobre las "garantías de gratuidad" y señala que, para evitar la discriminación por motivos "socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias de los alumnos". La norma deja fuera de la prohibición "las actividades extraescolares, las complementarias, y los servicios escolares, que, en todo caso, tendrán carácter voluntario".

Las patronales en las que se agrupan los concertados insisten en que la ley no impide el cobro de cantidades siempre que sean voluntarias. Además, dicen, no se puede impedir que las familias colaboren económicamente con los centros a través de las asociaciones de padres de alumnos. Y reclaman que la Administración aumente el dinero que destina por cada alumno para que no tengan que recurrir al sistema de cuotas.

Es el caso de la patronal CECE, que agrupa a algunos de los concertados de la comunidad. Esta asociación ha propuesto recientemente llevar la idea de la factura en la sombra al sistema educativo para que las familias conozcan lo que se paga por la enseñanza de sus hijos. Según Rafael Caamaño, dirigente en Andalucía de CECE, lo que se busca, entre otros asuntos, es poner de relieve la desigualdad que existe entre lo que la Administración invierte por alumno en los centros públicos y en los concertados, ambos sostenidos con fondos públicos. "La subvención que reciben los concertados debería cubrir el coste real", defiende Caamaño: "Ahora cubre solo entre el 65% y 70% del coste". La Consejería de Educación "no se ha planteado" aplicar la fórmula de factura en la sombra, algo que sí se hará en el sistema sanitario.

Por su parte, el sindicato UGT pidió ayer a la Consejería de Educación que vigile a los concertados que cobran a las familias estas cuotas no relacionadas con las actividades extraescolares o con los servicios de aula matinal o comedor. En declaraciones a Europa Press, el secretario de enseñanza privada de UGT en Andalucía, Francisco Beltrán, sostuvo que la Junta de Andalucía no persigue estas prácticas y por eso existen.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 28 de septiembre de 2010