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La Junta debe 400.000 euros a una funeraria por muertos en el Estrecho

La empresa que conservaba los cuerpos reclama 60 euros al día por cada cadáver

Javier Martín-Arroyo

La marejada o el fuerte viento en el Estrecho de Gibraltar se cobran en ocasiones un altísimo precio. Las pateras pagan cara su inestabilidad y a menudo la travesía acaba en naufragio. Los tripulantes inmigrantes perecen ahogados y la playa ilustra la estampa más trágica. A continuación, el juez llega a la escena, se levanta el cadáver para hacerle la autopsia y cuando ésta concluye, el cuerpo se conserva en una cámara frigorífica hasta su posterior repatriación. Pero ésta se retrasa meses por las pruebas de ADN, necesarias para confirmar la identidad de cadáveres que el mar desfigura.

Hasta ahora y durante años esa cámara para alojar los cuerpos, mientras la burocracia y la angustia de la familia se dilataban, perteneció a la funeraria Sefuba. Pero a principios de 2009 su propietario, Martín Zamora, presentó en la Delegación de Cádiz de la Consejería de Justicia una abultada factura: la Junta le debe 400.000 euros por los cadáveres que mantuvo durante 2008 y 2009 en su funeraria. Por cada cadáver y día transcurrido, la Administración le adeuda 60 euros. La sorpresa de los responsables políticos fue mayúscula. ¿Cómo se produjo este peculiar encargo sin mediar contrato alguno con la Administración?

"Faltó comunicación. Ningún juez avisó a Justicia", afirman desde la consejería
Ahora, las funerarias trasladan los cuerpos al Instituto de Medicina Legal

Los juzgados comenzaron a derivar la conservación de los cadáveres a la funeraria porque sabían que tiene capacidad hasta para 60 cuerpos. "Fue una falta de comunicación y coordinación. Ningún juez avisó a la Delegación de Justicia. Parece que en vez de hacerse un contrato, se iba facturando por cada vez. Nadie duda de que prestara ese servicio, solo que no se prestó de forma correcta", argumentan fuentes de la consejería.

La deuda crecía y solo se atajó a principios de año. Ahora tras el levantamiento del cadáver, las funerarias trasladan a los cuerpos hasta el Instituto de Medicina Legal (IML) de Cádiz, donde se almacenan sin costo para la Junta. Es otro claro ejemplo de cómo ciertos servicios que podría asumir la Administración salen muy caros. Justicia adeuda a los depósitos judiciales nada menos que 60 millones por los miles de vehículos intervenidos que acumulan polvo al aire libre durante años.

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En 2003 una patera dejó en Rota 37 muertos, la mayoría de Hansala, una aldea marroquí. Desde entonces, Zamora comenzó a conservar los cadáveres, aunque la factura adeudada por la Junta corresponde a los servicios entre 2008 y 2009, durante los que albergó unos 18 cuerpos. "No hubo contrato. Aparecieron los cadáveres y los juzgados vieron que no había sitio porque el IML aún no funcionaba", explica.

Zamora tiene lazos con la comunidad marroquí, ya que está casado con una ciudadana del país vecino, y por muchas de las repatriaciones de cadáveres no cobra el servicio (unos 2.500 euros) por la falta de recursos que padecen las familias. Sellam Berrada, cónsul de Marruecos en Algeciras, lo confirma: "Es una funeraria muy conocida y con mucha experiencia. El servicio ha sido impecable". Cuando a principios de año se interrumpió la colaboración entre Sefuba y los juzgados, la cámara frigorífica sólo albergaba dos cadáveres que fueron trasladados a Cádiz.

Y es que la identificación de los cadáveres es en ocasiones dificultosa porque no ha quedado ningún superviviente dispuesto a colaborar con las autoridades u otras veces el juez no da crédito a los testimonios. Para evitar estas trabas, la Junta firmó el pasado mayo un protocolo con el Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía Superior para agilizar las autopsias, conservaciones e inhumaciones de cadáveres no identificados. "Porque aunque el forense termine, el juez tiene que acordarlo", recuerda Mercedes González, directora del IML en Cádiz. El secretario general para la Justicia, Pedro Izquierdo, subraya la nueva dinámica: "Con este protocolo podemos hacer el seguimiento de los cadáveres. Espero que ahora se imponga la razón y una vez que se cuenta con la autopsia y las pruebas de ADN la repatriación se demore cada vez menos".

Las otras provincias costeras como Almería, Granada, Málaga y Huelva apenas han tenido que lamentar tragedias de pateras naufragadas. Afortunadamente, este año tampoco Cádiz ha sufrido ningún naufragio.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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