La Comisión Mixta desgranará el traspaso de empleo en tres semanas

Los Gobiernos central y vasco concretarán las instalaciones y el personal

De las palabras, a los hechos. Tras el rosario de valoraciones sobre el traspaso a Euskadi de las políticas activas de empleo, llega el momento de trabajar en el plano administrativo para plasmarlas. La Comisión Mixta de Transferencias, que integra a los Gobiernos central y vasco, se reunirá en un plazo aproximado de tres semanas, en torno al 15 de octubre, para desgranar y concretar el acuerdo que PSOE y PNV pactaron el pasado miércoles, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2011. La cesión será efectiva a partir del próximo 1 de enero.

La comisión citará en Madrid a cuatro representantes de cada Ejecutivo. Es a lo que se refería el lehendakari, Patxi López, cuando advirtió al PNV de que la competencia para cerrar el traspaso recaía en un Gobierno vasco que no iba a ser el "convidado de piedra". Al encuentro, sin embargo, no asistirán políticos de primer plano, sino gestores y personal administrativo que se encargarán de aportar la letra pequeña al acuerdo grueso para reportarle validez legal. Ambos equipos analizarán, entre otras cuestiones, anexos inherentes a la transferencia como los que hacen referencia a las infraestructuras o el personal necesario.

La tramitación está encaminada y la cesión será efectiva a partir de enero
Las bonificaciones empresariales causan recelo en otras comunidades

No es previsible que la comisión sea escenario de discrepancias ni que el encuentro, a celebrar en Madrid, se prolongue demasiado. El trabajo de campo está bastante encaminado y los informes técnicos necesarios, perfilados. No en vano, la cesión de las políticas activas de empleo lleva más de un año en el candelero. El Gobierno vasco lanzó incluso los procesos administrativos internos con la esperanza de que la transferencia se hiciera efectiva el pasado 1 de enero, pero el PNV lo impidió entonces con un bloqueo que dio origen a un continuado cruce de acusaciones y fechas entre socialistas vascos y jeltzales. Una confrontación que se ha mantenido hasta el mismo cierre del traspaso.

La novedad del acuerdo cerrado ahora por el PNV con el presidente Zapatero radica en la inclusión de las bonificaciones de las cuotas empresariales. Un añadido que no conlleva envergadura desde el punto de vista administrativo y cuya tramitación tampoco es compleja, por lo que el Ejecutivo autónomo confía en que no repercuta en dificultades.

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Una vez ratificado en papel el acuerdo por parte de la comisión mixta, tendrá que aparecer publicado en los boletines oficiales del Estado y el País Vasco para ser efectivo. Los plazos apuntan a noviembre, período a partir del cual se tendrá que aprobar el decreto de estructura de Lanbide, el nuevo organismo público que gestionará las políticas activas de empleo ahora transferidas. A continuación se dará el visto bueno a su inicio de actividad, que será efectiva ya en enero. "Tenemos tiempo de sobra y no habrá retrasos. El trabajo está muy avanzado", reconoce el viceconsejero de Empleo, Javier Ruiz.

El nuevo Servicio Vasco de Empleo gestionará de inicio un presupuesto de 750 millones de euros y se convertirá en la principal herramienta del Gobierno vasco contra el paro. Contará con una plantilla cercana a los 575 trabajadores que, en casi un 80%, procederán del antiguo Inem. A las nueve oficinas que en la actualidad tiene abiertas, Lanbide sumará otras 31 del organismo estatal, sus tres direcciones provinciales, otros tantos centros de formación y las diez sedes del Instituto Social de la Marina, que se incluye en la transferencia junto a las bonificaciones de las cuotas empresariales, la intermediación laboral, y la formación profesional ocupacional y continua.

La cesión de las bonificaciones empresariales ha sido, precisamente, la más polémica de las incluidas en las políticas activas de empleo pactadas entre PSOE y PNV. Hasta el punto de que varias comunidades autónomas no han tardado en levantar la voz para demandar idéntico traspaso o criticarlo. El Ejecutivo central admitió ayer que no tiene previsto un plan para ceder esta transferencia a otras regiones, aunque la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, sí se comprometió a estudiar todas las peticiones que surjan en este sentido.

El PP antepone la Caja Única a la transferencia

El PP vasco se alineó ayer con la postura oficial del partido al anunciar que pedirá al lehendakari, Patxi López, que no firme el decreto de traspaso de las políticas activas de empleo si conlleva la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social. El aviso lo lanzó el portavoz económico de los populares en el Parlamento, Antón Damborenea, quien recordó que Euskadi es una comunidad autónoma "deficitaria" en materia de pensiones y que "vive de la solidaridad nacional".

Damborenea se confesó a la espera de "ver la letra pequeña" del acuerdo y comprobar si "beneficia o perjudica" a los vascos antes de estudiar la opción de un posible recurso, como ha planteado el PP a nivel nacional, ya que "para poder recurrir algo primero hay que conocerlo". "Estamos pidiendo que alguien explique en qué consiste el pacto, porque no lo sabemos. Ni lo ha explicado Zapatero, ni lo ha hecho Urkullu, ni tampoco López", denunció.

Durante la presentación de Amaya Fernández como candidata a la Alcaldía de Barakaldo, el portavoz económico de los populares vascos aseguró que desconfía del acuerdo alcanzado entre PSOE y PNV, ya que "nadie dice qué competencias van, en qué consisten y en cuánto se valora cada una de ellas". Una preocupación que exaltó al recordar que Euskadi es la única comunidad autónoma que no tiene transferidas unas políticas activas de empleo que no sólo quedaban "recogidas en el programa electoral" del PP, sino "también en el acuerdo suscrito con el PSE para alcanzar la gobernabilidad" de Euskadi.

Aunque más contundentes, las palabras de Damborenea van en la línea de las que ya había manifestado un día antes el propio presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, quien durante el debate de política general afirmó que es "bueno" que Euskadi disponga de las políticas activas de empleo, aunque matizó que "sería mejor aún la noticia si quedara absolutamente solventada cualquier duda acerca de la Caja Única".

Más despreocupado se mostró ayer el presidente del PNV en Vizcaya, Andoni Ortuzar, quien afirmó que a su partido le "da igual si se rompe o no se rompe" la Caja Única de la Seguridad Social con el traspaso, ya que su principal objetivo es el cumplimiento del Estatuto. El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, lamentó por su parte la sumisión del PSE a unas "tesis nacionalistas" que, a su juicio, "rompen la solidaridad entre ciudadanos españoles".

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