El PP asegura ahora que los liberados no son un problema

La cúpula del Partido Popular, reunida ayer como cada lunes, marcó con claridad la estrategia a seguir frente a la huelga general que se avecina: perfil bajo, evitar el enfrentamiento directo con los sindicatos y tratar de demostrar que esta guerra no es del PP, ya que se produce dentro de la izquierda. La batalla, analizan los estrategas de Mariano Rajoy, se libra entre el Gobierno socialista, que promueve una reforma laborales a la que los populares se opusieron, y las centrales y los trabajadores que sigan la huelga, que rechazan esa reforma.

Por eso, ayer Dolores de Cospedal, incluso a riesgo de dejar mal a Esperanza Aguirre, la presidenta de Madrid, rehuyó cualquier enfrentamiento con los sindicatos. Los medios conservadores y la propia Aguirre han iniciado una agresiva campaña contra los liberados sindicales. Cospedal trató de bajarse de ese tren.

Si consideraban un problema el número de liberados sindicales, ¿por qué no lo cambiaron mientras gobernaron?, se le preguntó. Cospedal contestó que "los liberados no son un problema" en estos momentos, ya que "lo que es un problema es la existencia de más de cuatro millones de parados". Por eso, reclamó al Gobierno que haga "una política de creación de empleo" e insistió en que, a pesar de lo dicho por Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, "los liberados sindicales no son ningún problema".

Del lado de Aguirre

Estas palabras son muy distintas a las que la propia Cospedal y otros dirigentes como Soraya Sáenz de Santamaría o el propio Rajoy pronunciaron cuando Aguirre hizo estallar la polémica. Todos se colocaron de su lado, aun suavizando la polémica, y pidieron a los sindicatos que hicieran "un esfuerzo" para reducir sus liberados -en realidad se refieren a delegados sindicales, que trabajan y dedican unas horas a labores de representación- en plena crisis económica.

Cospedal evitó en todo momento una crítica a los sindicatos, pero sí insistió en que su partido no apoya la huelga porque "no es el instrumento más adecuado para luchar contra una crisis económica" como la que sufre España.

Además, y siempre en la línea de dejar que sea el Ejecutivo quien haga el desgaste con su propio electorado de izquierdas, exigió al Gobierno que garantice "el derecho al trabajo" de todos aquellos ciudadanos que no quieran secundar la huelga general que los sindicatos han convocado para el 29 de septiembre.