Los profesores quieren saber por qué no se les da la comisión de servicios
Una parte de los más de 1.200 docentes a los que la Consejería de Educación negó este verano la comisión de servicios, provocando en muchos casos difíciles situaciones personales, se han unido en un colectivo "por la transparencia" para luchar contra lo que consideran "criterios arbitrarios" de la Administración. 126 de estos docentes han acordado como medidas más inmediatas solicitar de la Consejería "una mayor transparencia" a la hora de adjudicar las comisiones, con la supervisión de los agentes sindicales, al tiempo que pidieron que en el próximo concurso de traslados, en noviembre, salgan "todas las vacantes disponibles" para paliar el desaguisado.
El colectivo pide también el diseño "de un sistema de provisión de plazas más racional para los interinos" que no obligue a aceptar una plaza a centenares de kilómetros de su casa para no quedar excluido de la bolsa de trabajo, así como la dimisión de los responsables técnicos de la Consejería Juan Martínez y David Barelles y del propio consejero Alejandro Font de Mora.
La provisión de plazas en comisión de servicios es un sistema de concesión de permisos para cambiar temporalmente de centro por razones de especial interés médico, social o de reagrupamiento familiar. En los últimos cursos llegaron a concederse hasta 5.000 "con opacidad y sin ningún control sindical", reconocen los afectados, pero gracias a este procedimiento "un buen número de profesores y profesoras han podido conciliar su vida laboral y familiar o su actividad pública".
El conflicto arranca a finales de julio, cuando 1.200 docentes, de un total de 2.500 que en el curso anterior obtuvieron la comisión, vieron denegada su petición, lo que provocó acaloradas protestas ante la Consejería de Educación. La administración prometió estudiar caso por caso, primando los motivos médicos, pero muy pocos recursos han sido aceptados.
