Normalizar el crédito

Las lecciones de la más severa crisis financiera desde la que originó la Gran Depresión empiezan a ser asimiladas. La semana pasada, además del acuerdo sobre la estructura de supervisión financiera en el seno de la UE, se han conocido los términos en los que el Consejo de Supervisores Bancarios ha acordado las exigencias de capital que han de afianzar la solvencia de los operadores bancarios. El G-20 dará probablemente su apoyo definitivo a esas nuevas definiciones de capital necesario para operar como entidad bancaria.

Llevan razón quienes desde la observación de los destrozos originados por los errores de los bancos y sus supervisores -en todo el mundo, pero fundamentalmente en EE UU- reclamaban una regulación mucho más estricta y, en todo caso, de más urgente aplicación. Los contribuyentes a uno y otro lado del Atlántico siguen sufragando las, en el mejor de los casos, torpezas en la gestión de los riesgos de los bancos. En algunos otros, las actuaciones directamente al margen de la ley. En todos, el paro sigue erosionando el bienestar. El tamaño de los operadores bancarios (la trampa del "demasiado grande para dejarlo caer") o el mero hecho de que la intermediación financiera es esencial para el normal funcionamiento de las modernas economías justifica esos desembolsos de dinero público que han contribuido al aumento del déficit público en muchas economías de la OCDE.

España no es precisamente el más destacado de esos casos de transferencia de dinero del contribuyente a los bancos, ya que las actuaciones de las autoridades se han concretado en garantizar a las entidades bancarias las operaciones de salida a los mercados o en la adquisición de algunos activos específicos. Las pruebas de esfuerzo que se hicieron en julio pasado sobre la práctica totalidad del sistema bancario español ya anticipaban la solvencia diferencial frente a la mayoría de los sistemas bancarios europeos. Con datos ahora disponibles, la aplicación de esos requerimientos de capital que exigirá Basilea III no deja en una situación particularmente complicada al conjunto del sistema bancario, siempre que no se compliquen la vida con inversiones de riesgo dudoso o en decisiones de crecimiento excesivamente ambiciosas para las posibilidades de crecimiento económico que se manejan en todo el mundo. Para evitar eso está el Banco de España, que ha de velar no solo porque las entidades pequeñas sean estables y prudentes en la asunción de riesgos, sino también porque las menos pequeñas contribuyan a que el crédito fluya a las empresas. Esta es la gran asignatura pendiente del sistema bancario español. Sigue sin normalizar su funcionamiento, acelerando en algunos casos esa mortalidad empresarial que, como la elevadísima tasa de paro, caracteriza a la economía española.

La dilatada tradición de buen hacer del Banco de España se está poniendo a prueba en esta crisis, no solo en la aplicación de rigurosas inspecciones a entidades de menor tamaño, sino más relevante, en que el conjunto de los bancos, cajas y cooperativas de crédito vuelvan a cumplir la función para la que están creados. De no ser así, el peor impacto de Basilea III habría empezado ya a través de una tolerancia de prácticas bancarias poco compatibles con la recuperación del crecimiento necesario para que la economía española deje de destruir empleo. -