Cultura deja a los ayuntamientos la catalogación del patrimonio
Los bienes inventariados hasta ahora estaban fuera de los planes de urbanismo
El trabajo de catalogación e inventario del patrimonio gallego que desde la época de Manuel Fraga llevaban a cabo equipos de arquitectos especializados en las cuatro provincias gallegas, será ahora asumido por los ayuntamientos. La Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta ha decidido revisar el procedimiento y ha optado, como primera medida, por subvencionar a las entidades locales para que elaboren sus propios catálogos.
El inventario del patrimonio inmobiliario supone la protección de los bienes con valor histórico o artístico, casi nunca incluidos en los planes de ordenación municipal, y constituye la base de conocimiento de la realidad patrimonial de Galicia.
Los cuatro equipos de arquitectos que desde hace más de una década se habían formado en este trabajo -han catalogado las tres cuartas partes de los ayuntamientos de Galicia- dejarán en breve el cometido que hasta ahora se les adjudicaba mediante contratos puntuales y por el que percibían en torno a 1.300 euros por cada municipio inventariado (unos 80.000 euros al año).
Los expertos dudan de si las ayudas terminarán en municipios "amigos"
La Consellería de Cultura sostiene que ha optado por el cambio de modelo en la contratación en aras de una "mayor eficacia y transparencia". La dirección xeral asegura que el nuevo procedimiento "será más barato y dará mejores resultados". "Esos equipos fueron contratados a dedo", indica un portavoz de este gabinete de la Xunta.
Pero los arquitectos consultados por este periódico entienden que contratar el trabajo a los ayuntamientos es "un absurdo" ya que éstos son "los primeros interesados en no catalogar para que no haya demasiados ámbitos de protección, de forma que los vecinos puedan hacer lo que quieran". Además se plantean la duda de si las ayudas económicas se "desviarán" a los ayuntamientos "amigos".
La Xunta de Galicia está obligada a velar por la protección de estos bienes y a instar a los ayuntamientos a cumplir las leyes. "¿Cómo va a obligar a los mismos ayuntamientos a los que subvenciona para que sean ellos los que hagan su propio catálogo?", se preguntan los especialistas.
Patrimonio prevé otras dos opciones de contratación, tras la de las ayudas a los ayuntamientos. La primera, que sean los técnicos de la propia dirección xeral quienes realicen el trabajo mediante "inclusiones colectivas" de los bienes. "Un sinsentido", sostienen los profesionales, convencidos de que, en este caso, Patrimonio tendría que "aumentar considerablemente la plantilla" ya que los técnicos "apenas pueden asumir el trabajo de oficina".
La última opción que baraja la administración gallega, de "carácter excepcional", consiste en contratar los trabajos mediante concurso público. Una opción que en opinión de los arquitectos sólo beneficiaría "a las grandes consultoras de ingeniería, que van a la baja porque pueden hacer un trabajo rápido, poco especializado y barato mediante la contratación de técnicos que están empezando".
El trabajo de inventariado de los bienes patrimoniales desarrollado hasta el momento se ha ido haciendo lentamente por equipos pequeños que catalogaban fábricas, lonjas, colegios de la época de la República y otros elementos arquitectónicos de valor que no tienen protección en los planes de urbanismo de los ayuntamientos, como es el caso de la Panificadora de Vigo, aún no catalogada, o de los edificios de los años 60 y 70 de Xosé Bar Bóo, en la misma ciudad. De Vigo hacia abajo, la práctica totalidad de los ayuntamientos están sin inventariar.
En estos casos, la única protección de los bienes patrimoniales es la que está incluida en los planes generales de urbanismo y en las normas provinciales. En cuanto los ayuntamientos reciban la ayuda de la Xunta, serán los gobiernos locales, mediante sus propios arquitectos o los que contraten, quienes decidan qué elementos se protegen y cuáles no.
Cuatro equipos de trabajo que no se reunieron nunca
El técnico de la Xunta Germán Hermida, imputado en el Caso Retablo que investiga prácticas supuestamente corruptas en la restauración del arte sacro, era el responsable de pagar, mediante facturas de unos 1.000 euros por los trabajos, a los equipos de arquitectos que realizaban el inventario patrimonial.
Los cuatro equipos de arquitectos, uno por provincia, que han estado realizando la catalogación hasta el momento no se conocen entre sí. Patrimonio no los puso nunca en contacto, ni siquiera para definir una línea homogénea de trabajo. Sus integrantes están vinculados a la arquitectura patrimonial y se han ido especializando a lo largo de la última década.
De momento, la Dirección Xeral de Patrimonio aún no ha cuantificado el importe de las ayudas que concederá a los ayuntamientos. Pese a ello, advierte de que con el nuevo sistema de contratación, el proceso será "más transparente, rentable y eficaz". La partida, de momento sin definir, estará "sujeta a las disponibilidades presupuestarias", según sostiene un portavoz de esta dirección xeral.
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