Los sindicatos pactan un ERE en las cajas con el 85% del salario bruto

Julio Fernández Gayoso, presidente de Caixanova, escribió el guión del pacto laboral en las cajas cuando dijo aquello de que tarde o temprano se arreglaría "como se hizo siempre". De un plumazo, los distanciamientos y la amenaza de una movilización en la calle quedaron diluidos en apenas media hora de reunión entre las centrales sindicales y las cajas. CC OO, CIG y CSICA, que representan al 83% de la plantilla, han negociado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se concretará el próximo día 23 y que contempla para los 1.200 trabajadores que se van el 85% la percepción del salario bruto, con aportaciones al plan de pensiones.

Aunque la fórmula del ERE supone una carga para las arcas públicas de entre el 10% y el 25% del coste de la baja (entre 50 y 70 millones de euros, según los cálculos de varias centrales), los delegados han admitido finalmente esta vía pese a aborrecerla (como hizo la CIG) en un principio. "Seguramente formará parte del sacrificio de los sindicatos", apuntó ayer su responsable de Banca, Clodomiro Montero. Ese "peaje" ya lo pagó el erario público en los pactos de otras fusiones, como la de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa o la de Caja Duero y Caja España. "¿Pagan las cajas? No, pagamos todos", resume UGT, que se quedó fuera del preacuerdo y que siempre se manifestó contraria al ERE.

Las direcciones de Caixa Galicia y Caixanova se mostraron "muy satisfechas" porque consideran que el preacuerdo "homogeneiza" las condiciones de ambas cajas.El porcentaje del salario que las cajas estaban dispuestas a pagar era el "punto estrella" desde el minuto cero de la negociación. Con el 85% de la retribución bruta anual en el bolsillo de los próximos prejubilados, las centrales calculan que apenas habrá reticencias en la plantilla para abrazar la medida. El peaje del ERE puede costarle caro a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, pero a los empleados les aporta un buen pellizco (en algunos casos las exenciones fiscales llegan a los 100.000 euros).

El sacrificio del que hablaba CIG -una central que al inicio de este verano decía: "Basta ya de cargar a las arcas públicas la mala situación de las cajas"- significa la desvinculación total con la empresa. Queda por ver qué pasará si, por ejemplo, se amplía la edad de jubilación en el futuro. "No podemos tener el huevo y la gallina", resumía ayer un delegado de CSICA para explicar esa renuncia. "Después de todo no se trata de un ERE al uso, las bajas serán voluntarias".

Aunque cuesta encajar ese aplauso al ERE en el pensamiento sindical, porque las cajas no están en pérdidas y han recibido ya cuantiosas ayudas públicas en los procesos de fusión. "Teníamos que hacerlo, quizá este sea el último tren que nos pasa por delante", sintetizaba ayer un delegado tras la reunión. Para Clodomiro Montero (CIG), no es lo mismo dar facilidades a un banco que a una caja que "no necesita emitir cuotas participativas", es decir, no piensa en dar entrada al capital privado.

Jubilación de Méndez

La mañana dio de sí para pactar otros caramelos: las entidades pagarán más por kilometraje para quienes tengan que trasladarse, se mantienen los pluses por puesto de trabajo y se garantiza el salario mínimo para los nuevos contratos en el nivel 8 (las cajas tienen 20) con 21 pagas al año. Para terminar con lo que ahora pasa en Caixanova (que desde la anterior fusión emite cuatro tipos de nómina), las cajas proponen homologar pagas, colectivos y días de cobro.

"Entran en razón", titulaban CC OO , CSICA y CIG su comunicado conjunto. Pero falta la letra pequeña.

Por otra parte, ayer se oficializó el abandono de José Luis Méndez como director general de Caixa Galicia tras cumplir 65 años. Le sustituye Javier García de Paredes, futuro director general adjunto de la caja fusionada. Méndez se queda como presidente de la Fundación Caixa Galicia.