Fabra atribuye a movimientos entre cuentas sus ingresos no justificados

El presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, ha presentado un informe en el juzgado número 1 de Nules para tratar de rebatir las conclusiones de los peritos judiciales, que señalaron la existencia de ganancias patrimoniales "no justificadas" por valor de 3,6 millones de euros, tras analizar sus cuentas y las de su entonces esposa, María Amparo Fernández. Los peritos detectaron nueve presuntos delitos fiscales cometidos entre 1999 y 2003, al haber dejado de ingresar a Hacienda 1,7 millones de euros. El documento pericial fue en el que se sostuvo la imputación a Fabra por fraude fiscal, que se unió a las de tráfico de influencias y cohecho, de las que también está imputado.

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción pidió 15 años de cárcel, mientras que la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, elevó la petición a 20 y nueve meses de prisión.

El informe, presentado por Fabra ante el juzgado en julio considera justificados todos los ingresos efectuados en los bancos y descarta que se trate de dinero del que no se conoce la procedencia, sino que se refiere a movimientos entre las cuentas de los titulares investigados.

Para argumentar esta afirmación, el perito rebate la metodología aplicada por los inspectores de Hacienda que sólo consideran como justificados movimientos entre cuentas por cantidades similares realizados en un plazo de diez días. "Rechazamos el argumento respecto del plazo máximo de diez días", indica el documento presentado por Fabra, que añade que se trata de "un argumento sin base jurídica o consuetudinaria que lo justifique". El informe insiste en este punto e indica que "no existen normas legales que permitan afirmar si el criterio de depuración es apropiado o no".El titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, dio en junio por cerrada la instrucción del caso Fabra. Sin embargo, días antes, la defensa del presidente de la Diputación trató de prolongar las diligencias solicitando que un experto, propuesto por el imputado, elaborara un informe patrimonial con el que poder rebatir las conclusiones del informe pericial, que se ha elaborado a lo largo de cuatro años. Han "esperado a que el informe [el pericial realizado por inspectores de Hacienda] estuviese acabado para proponer otra pericial exactamente igual y con el mismo objeto", fue la respuesta otorgada por el juez en un auto en el que reprochaba a Fabra la solicitud de prueba cuando "han transcurrido más de cuatro años". En cualquier caso, Pin invitaba al letrado del presidente de la Diputación de Castellón a presentar el informe, aunque no por ello iba a frenar el cierre de la investigación.

Finalmente, Fabra presentó el informe, fechado a finales de junio, pero este solo aborda el ejercicio fiscal de 1999, mientras que el informe pericial analiza el patrimonio del presidente de la Diputación entre 1999 y 2004. Además, el documento está conformado en dos partes. En la primera, hace referencia a la denuncia presentada por la Agencia Tributaria en 2005 por un supuesto fraude cometido en 1999. En la segunda, analiza el dictamen de los peritos judiciales pero solo respecto a ese año fiscal y contraponiéndolo a las conclusiones presentadas por la Agencia Tributaria.

La denuncia de la Agencia Tributaria sostenía la existencia de una "discrepancia injustificable" entre su incremento patrimonial y su capacidad económica declarada. El informe de Fabra asegura que en 1999, el presidente de la Diputación no obtuvo "ganancias patrimoniales", sino pérdidas que atribuye a la liquidación de dos sociedades. El fisco le acusó además de haber comprado una parcela en la urbanización La Coma, en Borriol, y de que, pese a habérselo solicitado, "no ofreció explicación alguna" acerca de los medios de pago empleados en dicha operación. El informe ahora presentado explica que la parcela fue el medio de pago de la liquidación de una de las sociedades y que "la falta de justificación obedece a que la sociedad vendedora se liquidó por esas fechas por lo que fue materialmente imposible obtener las evidencias documentales".

Todo el informe insiste en justificar que lo que los peritos consideran ganancias no justificadas (que sólo en 1999, entre ingresos, transferencias y cheques elevan a más de 500.000 euros en el caso de Fabra y otros 350.000 de Fernández) son atribuibles a movimientos entre cuentas. Pero además aporta otra explicación y asegura que Fabra utiliza sus tarjetas de crédito personales para pagar gastos de representación y que, posteriormente, la institución se los abona, tras justificarlos. Así, sostiene que sólo de la Diputación, Fabra cobró más de 9.000 euros de gastos que él mismo había adelantado.

El documento que está en poder del juez utiliza un apartado concreto para exponer las diferencias encontradas entre la denuncia de la Agencia Tributaria y las conclusiones expuestas por los peritos judiciales en su informe, elaborado tras cuatro años de recopilación y análisis de información. Sostiene que existe una "enorme divergencia" entre los incrementos patrimoniales estimados por los peritos y los calculados por la Agencia Tributaria y asegura que los inspectores de Hacienda designados por el juzgado "no han aceptado ni una sola explicación aportada por el contribuyente".