Una juez acepta la petición para saber quién filtró datos del 'caso Tellería'

El Juzgado Número 2 de la Audiencia Provincial de Álava ha citado a declarar en calidad de imputados a 8 periodistas -tres de ellos de EL PAÍS-, por un posible delito de revelación de secretos relacionado con el sumario de la supuesta trama de espionaje en el que están implicados el jeltzale Aitor Telleria y dos ertzainas. Para sustentar esta resolución, la juez ha aceptado el contenido de la demanda presentada por la defensa de estos acusados en la que se consideraba que las diversas informaciones publicadas por los ocho periodistas imputados se basan en datos recogidos en un sumario que, no obstante, aún continúa cerrado. Las citaciones de esta resolución, con fecha del pasado 24 de agosto, fueron cursadas seis días después. En esta se exige la comparecencia de los ocho imputados el próximo 1 de octubre ante el Juzgado Número 2 de Vitoria.

La defensa da a entender que conoce el sumario aunque sea secreto

Telleria y dos 'ertzainas' fueron detenidos por supuesto espionaje

A pesar de que el secreto de sumario sigue sin ser levantado y de hecho ha sido prorrogado un mes más, los denunciantes están en condiciones de asegurar que las noticias aparecidas han reflejado aspectos de la causa. Es decir, para poder fundamentar su denuncia abren la puerta a la posibilidad de que estos abogados hayan podido llegar a conocer las interioridades del sumario a pesar de que sólo obra en poder de la propia Audiencia Provincial de Álava, desde donde se instruye el caso. Si fuera así dejaría en una comprometida situación a la propia Audiencia porque se asistiría a una revelación interna de un sumario que sigue cerrado por decisión judicial. Y en su defecto, esta irregularidad podría salpicar a la propia investigación.

Según se desprende del contenido de la denuncia aceptada, los demandantes no cuestionan la veracidad de las informaciones divulgadas por los ocho periodistas ya que la imputación radica en "la publicación de datos que se encontraban bajo secreto de sumario". Las defensas de los implicados en el espionaje a personas públicas en ningún momento han reclamado a este diario rectificación alguna sobre el contenido de las informaciones ni han incluido en la demanda los posibles perjuicios que la difusión de estos supuestos hechos delictivos pudieran haber ocasionado. En concreto, la denuncia ante el juez es por supuestos delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen, e incluso la inviolabilidad del domicilio.

En contra de las informaciones difundidas ayer, la demanda no ha sido presentada por los abogados de los detenidos en la supuesta trama de corrupción, detectada en Álava, y más conocida como caso De Miguel. En realidad, afecta exclusivamente a la causa contra Aitor Telleria -también imputado en la causa anterior- y a dos ertzainas - cuyas iniciales son C. L. y J. A. -, que fueron detenidos una vez detectada la existencia en el ordenador del entonces burukide del PNV de carpetas que recogían informes sobre el espionaje practicado por estos dos miembros de la Policía Autónoma. Tras prestar declaración, los tres fueron puestos en libertad.

Una vez conocida su implicación en esta supuesta trama de espionaje, el Departamento de Interior comunicó a los dos ertzainas que quedaban relegados de sus funciones en la Unidad de Información y Análisis. Cumplido el plazo de un mes de alejamiento, los dos policías han regresado a sus funciones.

Habida cuenta de los fundamentos esgrimidos por los denunciantes, todo indica que el auténtico objetivo de la demanda contra los ocho periodistas radica en conocer el origen de la supuesta filtración de los datos que permitieron elaborar las sucesivas informaciones sobre los pormenores de este espionaje a personajes públicos de la vida social, principalmente de Vitoria. A esta depuración de responsabilidades en la divulgación de supuestos hechos delictivos relacionados con este doble caso, que afecta a varios afiliados del PNV, siempre ha apelado Iñaki Gerenabarrena, presidente del ABB, en sus comparecencias públicas y privadas.

En medios jurídicos se sostiene que la pena ante la comisión de un delito de revelación del sumario podría ser entre 1 y 3 años de prisión.