Los contratistas desmienten a Flores y niegan estar satisfechos y bien pagados

"Los empresarios están muy satisfechos por cómo se están efectuando los pagos", dijo hace una semana el consejero valenciano de Infraestructuras, Mario Flores, tras entrevistarse con dirigentes de Fecoval (empresas de obra pública) y con la Cámara de Contratistas. Flores aseguró que las certificaciones de las obras autonómicas se pagaban en plazo y que al menos su departamento estaba al día con los contratistas.

La patronal Fecoval le sacó ayer los colores al consejero Mario Flores cuando sus dirigentes aseguraron que la Administración del Estado paga con puntualidad las obras licitadas, mientras la obra financiada por la Generalitat por vía presupuestaria acumula retrasos en los pagos de varios meses. Las certificaciones se están abonando a los 190 e incluso 220 días.

En las empresas públicas que dependen del Consell, la situación es "auténticamente difícil" para los contratistas con demoras en los pagos de hasta dos años y en algún caso -por ejemplo, el de Ciegsa- se están emitiendo pagarés a varios meses, detalló el secretario general de Fecoval, Eduardo Beut.

Muchas de las deudas de la Generalitat ya no son sólo con los contratistas sino con las entidades financieras a las que se ha subrogado el crédito de cobro, lo que "complica mucho el sistema" porque se traspasa el límite de riesgo que fijan los bancos para las diferentes instituciones.

Los contratistas no se atrevieron a ofrecer una cifra sobre el monto de la deuda de la Generalitat con las empresas del sector. "¿Qué se debe? y ¿Cuánto se debe? Hasta que no nos sentemos con ellos [con la Generalitat] no lo sabremos", apostilló Beut.

Desde abril de 2009, los empresarios de la obra pública intentan con la vicepresidencia económica del Consell regularizar la deuda. "Los problemas son agobiantes y la relación, difícil", reconocieron los dirigentes de Fecoval."Fecoval ha sabido crecer y adquirir músculo financiero en estos años. Estamos ante un ajuste muy duro pero estamos haciendo los deberes y exigimos que las Administraciones Públicas hagan los suyos", subrayó Javier Luján, presidente de Fecoval. El secretario general de la federación de contratistas, Eduardo Beut, avanzó que a finales de septiembre los contratistas se entrevistarán con la Dirección General de Presupuestos de la Generalitat para concretar la deuda y el plan de pago. La federación no proporcionó ninguna cifra de a cuánto asciende el total de deuda.

El panorama que pintaron los dirigentes de Fecoval es bastante negro. La licitación de obra pública de 2007 a 2009 se ha desplomado. El recorte en la Administración del Estado ronda el 45% y cae hasta el 60% en el caso de la Generalitat. La administración local es la única que ha aumentado la licitación de obra en un 30%.

Las consecuencias de este desplome son graves. Las empresas desaparecidas en los últimos tres años son 5.000 (aunque ahí incluyen los proveedores y microempresas) y el empleo destruido ronda los 120.000 puestos. "Entendemos la necesidad de controlar el déficit público pero sospechamos que las Administraciones Públicas no han metido la tijera adecuadamente en el gasto corriente y han optado por recortar la inversión", reflexionó Luján.

El presidente de Fecoval presentó una lista de infraestructuras "imprescindibles" a pesar de los recortes. En el caso de la Administración estatal es precisa la llegada del AVE a Alicante en 2012 y a Castellón en 2014, la ejecución del tercer carril de la A-3, los accesos al aeropuerto de Alicante y la circunvalación exterior de Valencia. La Generalitat debería de licitar sin falta el plan de Depuración, la estación de metro de Hermanos Maristas, en Valencia, el anillo de la CV-50, la CV-95 y el ferrocarril de Alicante a Dénia por la costa.

Fecoval lanzó una reflexión sobre las nuevas fórmulas de financiación que las Administraciones Públicas están diseñando para no detener la obra pública. "Somos conscientes de la necesidad de más recursos pero estos no pueden sustituir la financiación ordinaria", lanzó Luján, quien tras una suma rápida advirtió de que en estos momentos, entre el Estado y la Generalitat, hay proyectos que deben ser financiados gracias a la colaboración público-privada por valor de 21.600 millones de euros: 17.000 millones por parte del Ministerio de Fomento y otros 4.600 por parte de la Generalitat. "Pedimos un ejercicio de realismo porque no hay dinero para todo", se lamentó Luján.

Los bancos exigen a los contratistas el desembolso de casi el 40% del presupuesto total del proyecto, las expropiaciones centuplican su riesgo y si estas infraestructuras no acreditan una rentabilidad por encima del 11% nadie se pone en marcha.

El diputado socialista Francesc Signes dijo ayer que el "presidente Camps y el PP son una rémora que está llevando a la Comunidad al desastre".