Interior tratará con cada juez la reorganización de los escoltas

Los jueces y fiscales vascos mantendrán su sistema de protección personal ante la amenaza terrorista de ETA al menos durante los dos próximos meses. El consejero de Interior, Rodolfo Ares, se marcó ayer ese plazo para actualizar la evaluación del riesgo que soporta la judicatura y contrastarla con los propios magistrados y fiscales, mediante entrevistas personales, para tener en cuenta su opinión. El objetivo del Ejecutivo pasa por reorganizar los servicios de escolta para adaptarlos a las nuevas necesidades, dado que la actividad de ETA no es tan intensa como años atrás.

Ares se reunió en Bilbao con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior para trasladar a la cúpula judicial y fiscal sus intenciones. El consejero argumentó que la evaluación de riesgos lleva una década sin realizarse y el escenario actual requiere cambios, aunque no concretó en qué sentido. El consejero advirtió de que habrá casos particulares en los que resultará necesario reducir la asignación de guardaespaldas y otros en los que quizá se tendrá que aumentar su número. No obstante, avanzó la adopción de medidas alternativas a la protección individual, como la contravigilancia, para garantizar la seguridad.

El Gobierno quiere actualizar la evaluación del riesgo de los magistrados

Los máximos responsables de la judicatura vasca se mostraron escépticos ante las propuestas de Ares. La reunión, que se prolongó durante más de dos horas, contó incluso con intervenciones críticas por parte de magistrados y fiscales, al considerar que lo que en realidad pretende Interior es reducir la protección y el número de escoltas.

Fuentes judiciales apuntan que si se actualiza la evaluación de riesgos en el escenario actual "no es precisamente con la intención de incrementar" los recursos humanos.

La gran mayoría de los cerca de 200 jueces que ejercen en Euskadi tienen a día de hoy protección personal, y quienes no la llevan es porque la han rechazado expresamente. En principio, el número actual de guardaespaldas solo está garantizado para los cargos institucionales: los presidentes del Superior, de sus salas y de las tres Audiencias provinciales, así como la fiscal superior de la comunidad autónoma y los fiscales jefe de los tres territorios. Por ello, las citadas fuentes judiciales consideran que la reducción de escoltas "puede ser muy elevada".

A la reunión asistió también el viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, pues también se pretendía analizar la coordinación entre los programas de protección personal y los de seguridad de edificios judiciales, dependientes de los dos departamentos del Ejecutivo representados en la cita. Se trata de un objetivo prioritario para el nuevo presidente del alto tribunal, Juan Luis Ibarra, que, sin embargo, podría verse afectado por los planes de Interior.

Ares dio a conocer anteayer que la reorganización del servicio de escoltas no se extenderá solo a los jueces, sino también a empresarios y políticos, en especial, a los que han dejado sus cargos en los últimos años, pero mantienen una protección idéntica a la que tenían en activo.