Coste, riesgo y beneficio
Querer ayudar no basta: para que la ayuda tenga un impacto positivo, hay que saber hacerla. Es el principio que sustenta los grandes consensos internacionales, cuya expresión más conocida es la Declaración de París.
Idealmente, la ayuda debería servir para reforzar las instituciones de los países en los que se presta. Así, el apoyo presupuestario al Gobierno local, la integración de los programas en las estructuras públicas existentes y el refuerzo de la competencia en la gestión de servicios son los modelos preferidos. Sin embargo, con demasiada frecuencia la realidad no acompaña: las administraciones autóctonas son frágiles, la corrupción campa a sus anchas y otros donantes —actuando más como competidores— incentivan el sobresueldo de los funcionarios para garantizar la ejecución de su proyecto correspondiente. En tales circunstancias, tomar medidas para que la ayuda llegue directamente a la sociedad civil puede ser la única vía factible. La paradoja es que esa práctica perpetúa la fragilidad del Estado, ya que así carece de incentivos para ganar en democratización, transparencia y eficiencia. El dilema se convierte en un bucle que se retroalimenta: si prestas ayuda directa, te arriesgas a deteriorar más las estructuras públicas; pero si solo te centras en que las instituciones se fortalezcan, el beneficio tardará demasiado en llegar a la población.
Una vez decidido, sopesando pros y contras, que lo mejor para los beneficiarios es llevar la ayuda uno mismo, conviene evaluar el riesgo moral de hacerlo y de sus posibles consecuencias adversas, que según dónde pueden ser muy serias para los directamente implicados, pero también para el conjunto de la sociedad. El coste económico de un secuestro lo asume el Estado del cooperante y superará con creces el valor de la ayuda transportada. Pero el coste político puede ser aún superior: roces con países aliados con intereses y métodos propios y poco disimuladas presiones sobre gobiernos locales para que liberen nada menos que a terroristas confesos.
En esencia, el coste de oportunidad de una acción de ayuda humanitaria se obtiene a partir de decidir qué nivel de riesgo es razonable asumir para qué probabilidad de alcanzar cuánto y qué beneficio. Una ecuación simple de plantear pero pocas veces fácil de resolver.
Joan Tallada es consultor independiente en Cooperación y Salud.
