Blasco rebaja el tono de Camps por la sentencia del Tribunal Constitucional

Rafel Blasco, consejero de Inmigración y Solidaridad, y portavoz del PP en las Cortes, rebajó ayer el tono burlesco que el pasado sábado empleó el presidente Francisco Camps al referirse a la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a la Mesa de las Cortes autonómicas a dar respuesta a las preguntas de la oposición que el PP, con su mayoría, vota. Es decir, que debe contestar, entre otras cosas, sobre la contratación que el Gobierno de Camps ha realizado con empresas de la trama Gürtel, que alcanza, al menos, los ocho millones de euros. Blasco afirmó ayer, en un acto con la delegación de la Cruz Roja en la Comunidad Valenciana, que "lo correcto sería acatarla".

Eso sí, el portavoz del PP, que aclaró que no formaba parte de la Mesa de las Cortes, corrigió que el fallo judicial fuera una condena sino que "le pide que motive por qué ha rechazado determinadas cuestiones". Según Blasco, "el Consell no tiene ningún problema en facilitar información sobre su gestión". Y lanzó un mensaje a la oposición: "Lo que sucede es que algunas personas, y concretamente algunos miembros de la oposición, utilizan ese tipo de preguntas para intentar generar confusión ante la opinión pública", pero que si el Tribunal Constitucional "ha dicho taxativamente que hay unas preguntas que necesitan estar motivadas para poderse contestar, la mesa de las Cortes las va a asumir y contestar sin ningún problema".

Ángel Luna: "El Constitucional ha desenmascarado el filtro" parlamentario

La semana pasada se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional al amparo solicitado por la formación Compromís por lo que consideraba una vulneración de derechos que impedía el ejercicio de su papel de representante de los ciudadanos en lo que a la fiscalización de la acción de gobierno se refiere. El Alto Tribunal condenó a las Cortes Valencianas por la "vulneración de los derechos fundamentales de los diputados" del grupo de Compromís, cuyas iniciativas sobre el caso Gürtel fueron rechazadas por la Mesa de la Cámara. Y ordenó "el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política" de los diputados y ordena que las preguntas censuradas vuelvan a la Mesa, que rechazó la tramitación de las iniciativas escudándose en el artículo 153.2 del reglamento de la Cámara, que permite vetar las preguntas "que se refieran a persona física o jurídica que no tenga una trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad Valenciana"."No formo parte de la Mesa, pero estoy seguro de que va a asumir y contestar las preguntas". Así lo dijo el portavoz del PP en las Cortes. Rafael Blasco fue conciliador con la sentencia del Constitucional, todo lo contrario a lo que hizo su jefe de filas, autoproclamado candidato e imputado por un delito de cohecho pasivo impropio por aceptar regalos de empresas de la trama Gürtel que contrataron con la Administración valenciana.

Camps se reunió en El Saler el pasado sábado con sus tres vicepresidentes. Fue su primera aparición tras hacerse pública una sentencia que evidencia la opacidad que practica la cámara autonómica a cuenta de la mayoría absoluta de la que goza el PP. Su respuesta fue: "Este es el gobierno más transparente de España y de Europa". Y preguntado expresamente por la aplicación de la sentencia en la dinámica de la cámara en el próximo curso político, calló.

El fallo del alto tribunal dio plenamente la razón a Compromís, en una sentencia que supone un varapalo a la forma de actuar del PP en las Cortes. El Constitucional considera que la limitación que establece el reglamento de la Cámara al derecho a formular iniciativas solo puede justificarse con "una motivación expresa, suficiente y adecuada". El alto tribunal desmonta la excusa del PP y señala que "del tenor literal de las iniciativas parlamentarias no se desprende a primera vista que traten absolutamente de personas sin trascendencia pública", puesto que se pregunta sobre "si se habían celebrado contratos públicos entre las consejerías del Ejecutivo valenciano y una serie de empresas relacionadas con la investigación judicial sobre el conocido como caso Gürtel". Más aún, el tribunal aprecia una "innegable vinculación con la actividad de control del Gobierno, que integra la esencia de la actividad parlamentaria". Y agrega en su argumentación que "la obligación de interpretar las normas parlamentarias del modo más favorable al ejercicio de los derechos y facultades de sus representantes habría obligado, en principio, a su admisión a trámite". El fallo del que Camps se burló es el tercero contra la falta de transparencia del Parlamento autonómico valenciano.

Ángel Luna, portavoz socialista en la cámara, dijo ayer que el Constitucional ha "desenmascarado el filtro" de la Mesa de la Cámara para evitar que el Consell informe de contratos públicos. Asimismo, acusó Blasco de "manipular la realidad". Según Luna, "la mayoría del PP sigue instrucciones de Camps para evitar que se conozcan sus manejos del dinero público, pero muchos jueces y tribunales de España han puesto de manifiesto las irregularidades que ha cometido el Consell en relación con contratos públicos".