Subcontratas de Correa cobraron a la Comunidad un millón de euros

Documentos del sumario del caso Gürtel prueban que el cerebro de la trama, Francisco Correa, subcontrató cuatro empresas englobadas en el Grupo Rafael que facturaron entre 2005 y 2008 más de un millón de euros a la Comunidad de Madrid, y a los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y Arganda del Rey, según un informe de Hacienda que consta en la parte del sumario desvelada el 6 de abril.

Correa utilizaba estas empresas ajenas a su vasto conglomerado societario y les daba una comisión a cambio de concurrir a las adjudicaciones que él tenía amañadas con la intención de tapar la certidumbre de que las contratas siempre recaían en su grupo. Si se incluyen estas empresas pantalla, la facturación de Correa a la Comunidad sería un tercio mayor de lo hasta ahora conocido, pasando de 3 a 4,1 millones. La trama implica ya hasta ahora a más de 130 personas, en la que se considera ya la mayor red de corrupción ligada a un partido político, el Partido Popular.

Las sociedades Tecnimagen Rafael, Fotomecánica Rafael, Fotomecánica Doble M y Kilda Producciones Fotográficas mantenían "una estrecha vinculación" con Correa, aclara la policía. Y esta relación, según los agentes, se prueba con la existencia de distintos correos electrónicos interceptados por la policía en los que la organización de la red les marcaba a los gestores del Grupo Rafael unos objetivos en la facturación a la Comunidad de Madrid, a la que cobró de forma directa 807.756 euros en cuatro años.

El informe de la policía judicial resalta además otro punto que conecta a las empresas de la red con el Grupo Rafael, que era que este último asumía "los importes correspondientes a la deuda y los cobros de las empresas de Correa, como si fuera la suya propia, realizándole incluso la gestión de cobro con los distintos organismos".

Un mensaje vital

Los agentes consideran vital el contenido de un mensaje que probaría la relación de las sociedades con la trama. Enviado por "Carmen", del Grupo Rafael, a "Javier", de Easy Concept

[posiblemente Javier Pérez Alonso, hermano de Álvaro Pérez, El Bigotes'], dice: "Como verás la suma total fue de 752.179 euros, de la que se han cobrado 658.881. Las facturas pendientes van por buen camino. ¡Confío en haber alcanzado los objetivos esperados!".

Además del Gobierno regional, el Grupo Rafael facturó a la Academia de Policía Local regional (16.670 euros), la Agencia de Información y Comunicación regional (3.313), el Servicio Regional de Empleo (32.714), el Canal de Isabel II (11.628), el Instituto de Administración Pública (16.809), la Agencia Regional de Inmigración y Cooperación regional (10.624) y los Ayuntamientos de Boadilla del Monte (95.839) y Arganda del Rey (48.893).Los trabajadores de las empresas de la red Gürtel y las subcontratadas se valían de la influencia de tres empleados de la viceconsejería de Presidencia, encabezada entonces por Alberto López Viejo. Este ex cargo autonómico, que se encargaba de la organización de los actos de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, es uno de los principales acusados de la trama corrupta. El juez le acusa de los delitos de cohecho [al menos cobró 250.000 euros en comisiones], tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

La policía judicial ha pedido al instructor del caso, Antonio Pedreira, la detención de los ex empleados de Alberto López Viejo: Pedro Rodríguez Pendás, María del Carmen García y Julia López Valladares. Según se desprende del sumario, se encargaban de conseguir que las facturas problemáticas se cobraran.

La influencia de estos asesores, especialmente la de Rodríguez Pendás, les hacía capaces no solo de conseguir que se cobraran las facturas de su departamento, Presidencia, sino también las de otras consejerías: Medio Ambiente, Educación, Economía, Empleo y Mujer, Sanidad, Cultura y Deportes, Inmigración, Familia y Justicia. Un correo electrónico interceptado a la trama indicaba que al menos seis facturas de Presidencia, de un importe total de 62.000 euros, fueron finalmente abonadas "después de las gestiones realizadas con Carmen, secretaria de López Viejo. Se está encargando de ello Julia López Valladares".

65 recibos sin cobrar

Cuando en septiembre de 2006 la organización corrupta acumuló 65 facturas sin cobrar, por un valor total de 362.903 euros, una empleada de la empresa de Correa Servimadrid acudió inmediatamente a Rodríguez Pendás para interesarse por la situación en un correo del 12 de septiembre de 2006.

Rocío (Servimadrid): "Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Sabes algo del tema de nuestras facturas? Te llamo y me cuentas". Este mensaje lo contesta Pedro Rodríguez Pendás: "¿Qué tal con la factura de la remodelación de Santa Cristina? ¿Esa ya os han dicho que os la pagan?". Una hora después, obtuvo respuesta de la empleada de Correa: "Sí, esa va más o menos bien, me la pagan dentro de un mes. La que me preocupa mucho es la de la primera piedra del Plan de Vivienda Joven de Navalcarnero, que se lo facturamos a Asimut Travel. Pues nada de nada, que no quieren pagar. Si pudieras hacer algo, te lo agradecería".