La Audiencia de Alicante cierra la vía judicial del 'caso Hércules'

Las grabaciones en las que Enrique Ortiz, el máximo accionista del Hércules, comenta sus presuntos pagos para amañar partidos y conseguir el ascenso de su equipo la temporada pasada a Primera División no llegarán a las autoridades deportivas. La Audiencia Provincial de Alicante desestimó ayer el recurso de apelación presentado por el fiscal, que pedía que diera traslado de esas conversaciones al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la Federación Española de Fútbol (FEF) por si podían acarrear una sanción administrativa. Así, la Audiencia confirma "íntegramente" el auto de José Luis de la Fuente, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, que se negó a enviar las escuchas con el argumento de que ello supondría "un sacrificio de los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las grabaciones", ya que estas fueron obtenidas en el curso de una investigación sobre una trama corrupta que nada tenía que ver con el fútbol. El caso de los presuntos amaños del Hércules, según fuentes de los tribunales, está "judicialmente muerto". No cabe recurso contra la decisión de la Audiencia.

El CSD se remite ahora a "la información reservada" abierta por la Federación

Sin embargo, el Comité de Competición ve pocas posibilidades sin las escuchas

El escrito de la Audiencia subraya que denegar las escuchas no menoscaba "la posibilidad investigadora" de las administraciones deportivas, puesto que estas "cuentan con sus medios propios de averiguación de infracciones graves". El CSD, sin embargo, concluyó ayer que, sin las escuchas como prueba, "ya no hay más posibilidades". "Como Administración", dijeron fuentes del mismo, "hemos llegado al límite. Hemos hecho el máximo esfuerzo posible, recurso a recurso, pero ya no hay margen jurídico posible. Estamos satisfechos de que los amaños sean delito penal a partir del 22 de diciembre de este año, cuando entre en vigor la reforma del Código Penal. Y esperamos ahora a que la Federación, que ha abierto una información reservada por una denuncia del Cádiz, tome decisiones".

La FEF, no obstante, también había reclamado las escuchas recogidas en el sumario del caso Brugal y difícilmente podrá investigar sin ellas o sin nuevas pruebas. "Nos reuniremos, pero no se sabe qué día porque es difícil coordinar a tanta gente en plenas vacaciones", explicaron fuentes del Comité de Competición, que es el que ha remitido una denuncia del Cádiz contra el Hércules por presunta "predeterminación de resultados" a todos los clubes que la temporada pasada estaban en Segunda y que ahora pueden presentar alegaciones. "Alguna decisión habrá que tomar, pero solo nos reuniríamos el martes que viene, como es costumbre, si hay alguna tarjeta roja el sábado durante el partido Sevilla-Barcelona, de ida de la Supercopa española".

En su argumentación, la Audiencia de Alicante resalta que las conversaciones sobre los presuntos sobornos suponen "el hallazgo casual" de una actividad delictiva distinta de la que se perseguía: Ortiz está siendo investigado por su presunta implicación en una supuesta trama corrupta vinculada al negocio de la recogida de basura en Alicante. "Esas conversaciones ni siquiera debieron acceder al sumario", reza el auto, "ya que no guardan relación alguna" con la investigación sobre la basura y "carecen de trascendencia penal". Además, el juez recuerda que la intervención telefónica es un medio de investigación "de carácter excepcional" para descubrir unos hechos concretos, no genéricos.

En su argumentación, la Audiencia resume que el recurso del fiscal pretende "decidir si el descubrimiento ocasional de unos hechos carentes de relevancia penal pudieran constituir infracción administrativa grave". Y es que el principal argumento del juez que ha instruido la causa en Alicante es precisamente que la corrupción en el deporte no está penalizada todavía, aunque lo estará a partir del 22 de diciembre, cuando entre en vigor la reforma del Código Penal. La Audiencia matiza que "no se trata de dilucidar entre la legalidad o ilicitud" del descubrimiento de los presuntos sobornos ni de "la competencia jurisdiccional para pronunciarse sobre su validez ni eficacia" como pretendía el fiscal, "sino de resolver si ese descubrimiento puede surtir efecto en un expediente administrativo sancionador, que, al parecer, ni tan siquiera se ha iniciado".

Conclusión: la Audiencia no enviará las escuchas a las autoridades deportivas.