"Defenderse con ataques a jueces o fiscales no le conviene a nadie"

Gonzalo López-Ebri (Valencia, 1951) es teniente fiscal de la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana desde hace cuatro meses. Accedió al cargo no sin una grave crisis en el seno de la sección territorial de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), con bajas incluidas como consecuencia. Acaba de ganar su primera batalla como teniente fiscal: Mònica Oltra, diputada autonómica, no será juzgada por una falta por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Lo hará un juzgado ordinario. López-Ebri, fiscal desde hace más de 30 años y cuya experiencia más reciente ha sido la coordinación de la sección civil de la Fiscalía de Valencia, considera que el aforamiento "es un privilegio". De momento, ha logrado que el TSJ cambie el que había sido su criterio habitual. Es fiscal por vocación, aunque su otra pasión, la navegación, le tentó hasta el punto de suspender su preparación y enrolarse durante varios meses como patrón en un pesquero de altura. Ahora se consuela con cruzar el Báltico o el Atlántico Norte. Dice que esa devoción define en buena medida su carácter.

"El aforamiento es un privilegio. En Estado Unidos no hay un solo aforado"

"Hay denuncias que generan sospechas que no conviene al Estado de derecho"

Pregunta. ¿Hay que modificar el aforamiento?

Respuesta. El aforamiento es un privilegio. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay un solo aforamiento. El problema del aforamiento como privilegio es de derecho comparado. En el caso de Mònica Oltra nosotros creemos que se tiene que aplicar el Estatut. En su artículo 23.3.II se establece que "los miembros de las Cortes gozan, aún después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas y los votos emitidos. Durante su mandato no podrán ser detenidos por actos delictivos". La expresión "actos delictivos" es la que hay que interpretar. Entendemos que un acto delictivo es gramaticalmente el que es constitutivo de delito, y no está en ello incluida la falta, no se puede hacer una interpretación extensiva de un privilegio, debe aplicarse de forma estricta.

P. ¿Necesita o no una reflexión el aforamiento?

R. Hay autores, como el procesalista valenciano Juan Luis Gómez Colomer, que plantean la desaparición de los aforamientos por infringir el artículo 14 de la Constitución. Es una tesis. Como fiscales, aplicamos lo que dice la ley. Hay quien dice que se reduzca ese privilegio al Rey y al presidente del Gobierno. Sería discutible.

P. ¿Es razonable que el derecho a la defensa incluya la descalificación de fiscales o jueces?

R. La intervención del fiscal es susceptible de ser contradicha, de ser vencida por las otras partes. Como las resoluciones judiciales son susceptibles de recurso. Cuestión distinta es que en aras del derecho a la defensa se deje traslucir sospechas sobre la actuación del juez o el fiscal, generando inseguridad jurídica por no haber cumplido sus obligaciones y haber tomado decisiones procesales espúreas. A ninguna sociedad le conviene que se deje en el aire que la intervención de un juez o un fiscal en un procedimiento es de dudosa legalidad.

P. ¿Hay límites éticos?

R. No se puede convertir un procedimiento judicial en un campo en el que todo lo que ocurre son medios y componendas que dan como resultado resoluciones que se apartan de los principios democráticos. La descalificación de los que intervienen dentro de un procedimiento judicial es la descalificación de un soporte importante de un Estado de derecho que propugna la libertad, la justicia y la igualdad. Si uno de los pilares se está desvirtuando con sospechas que no son más que artimañas, sin soporte real, se está llegando a una utilización espúrea del procedimiento.

P. ¿El objetivo de las denuncias a las fiscales del caso Gürtel es espúreo?

R. Ese tipo de denuncias no genera más que un estado de sospechas que puede conducir a una incredulidad que nada le conviene al Estado de Derecho.

P. ¿Se politiza la justicia?

R. Una cuestión es la politización de la justicia y otra es la sensación que se pueda dar del funcionamiento de los órganos de gobierno respecto a los nombramientos de las personas que puedan ostentar cargos. Creo que en este país se sabe y se tiene la noción de que las resoluciones se dictan en función de lo que la ley establece, no según el partido político al que, por otra parte, no es posible que pertenezcamos ni jueces ni fiscales.

P. ¿Ha firmado el recurso contra la reducción salarial?

R. No.

P. ¿Qué le parece que se haya presentado?

R. Cada uno es muy libre de tomar la decisión que quiera. Yo, personal y particularmente, he decidido que no voy a interponer el recurso.

P. ¿Entiende las acusaciones a la Fiscalía como servidor del Gobierno?

R. Desde que ingresé en la carrera, sea quien sea el fiscal general del Estado, siempre se está hablando de eso, cualquiera que sea el color del Gobierno. A los que nos dedicamos a esto, no nos preocupa. A mí, nadie me ha dado una orden distinta del contenido técnico-jurídico de cada uno de los asuntos.

P. ¿Si lo hubieran hecho?

R. No la hubiera acatado. Tengo la posibilidad de no acatarla y separarme del procedimiento.

P. Hay quien piensa que sólo perteneciendo a una asociación se puede llegar a una responsabilidad en la carrera fiscal.

R. Me gustaría que quedara claro que si en la UPF ostentar un cargo te da una preeminencia para después adquirir otro dentro de la carrera fiscal, sería motivo bastante para darse de baja en la UPF. En mi caso, tendría que haber sido muy visionario. Soy miembro de la UPF desde su fundación. Pertenecer a ella ha sido tan bueno como que obtuve sólo un voto de los tres consejeros de la asociación. Habría que desterrar ese pensamiento y, sobre todo, que se ostentaran cargos para ese fin.

P. Su obsesión ha sido articular un sistema de protección de las personas con discapacidad mental, sobre todo controlar su patrimonio. ¿La protección efectiva es suficiente con el impulso del fiscal?

R. Sí. Pero eso no significa que esté garantizado el éxito, que nunca va a haber irregularidades. Sería excesivamente crédulo.

P. ¿Cuál ha sido la respuesta de las residencias a ese mayor control?

R. Todas las residencias que están autorizadas por la Generalitat han cumplido las pautas que les hemos establecido.

P. ¿Cuál es el riesgo de desprotección más grande?

R. El de las personas que están en su domicilio o en el de alguien. Se está empezando a desarrollar el procedimiento para protegerlas, conocer qué tratamiento se está empleando con ellos, cómo se les está cuidando y qué se hace con su patrimonio. Estamos en ello. Pero no podemos invadir el territorio de la familia, que no es generalmente el lugar de los abusos.