Alivio en el campo porque las ayudas de la UE continuarán a partir de 2013

Con alivio ha recibido el sector agrario andaluz la decisión del Parlamento Europeo de proponer el mantenimiento de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) más allá de 2013. La medida, que el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, trasladará al informe definitivo sobre la reforma de la PAC que hará público en noviembre, tiene una enorme trascendencia para Andalucía, la comunidad que más fondos recibe -1.870 millones cada año- y que representa el 25% de todo el sector primario del país. Ahora bien, despejada la incógnita sobre el futuro de las subvenciones al campo, el debate se traslada ahora al reparto de las mismas. Los distintos intereses, tanto territoriales como por cultivos, amenazan con debilitar el frente andaluz ante el Ministerio y Bruselas.

Andalucía recibe anualmente 1.870 millones para la agricultura

La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, calificó de "magnífico" el informe del Parlamento Europeo porque, en su opinión, supone reconocer el "valor estratégico" de la agricultura. No obstante, lanza una advertencia al sector agrario para no caer en la autocomplacencia: ya nada será igual que antes y habrá que ser más competitivos. "Las ayudas que la agricultura andaluza ha recibido se van a seguir recibiendo pero de otra manera, en la que se tendrá en cuenta el empleo y la creación de riqueza y no sólo los derechos históricos", indicó.

La propuesta andaluza de reparto de ayudas pasa por primar la agricultura productiva y el empleo. Y en esa línea parece que van las intenciones del comisario de Agricultura que, según la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), habría desterrado la opción inicial de una ayuda lineal, es decir, igual para todos los cultivos y cabezas de ganado. "Hubiera sido un disparate porque no se tendría en cuenta la diversidad de la agricultura en Europa", exclama Agustín Rodríguez, secretario de UPA en Andalucía.

La UPA plantea que se mantenga el pilar de las ayudas directas basado en el modelo actual, aunque, eso sí, que se aplique la modulación en el reparto (que recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía) "con criterios de solidaridad". En la misma línea se pronuncia Miguel López, de COAG-Andalucía: "La homogeneización o tasa plana provocaría la concentración de las ayudas a favor de las explotaciones de mayor dimensión, cuando el 75% del empleo agrario en Andalucía lo generan explotaciones de menos de 50 hectáreas".

En lo que sí existe coincidencia es a la hora de pedir que la nueva PAC introduzca nuevos mecanismos de regulación de mercado para atajar la grave crisis de precios en origen. Según un informe de Eurostat, los precios en origen subieron un 21% en el periodo 1996-2007, mientras que los precios en destino (los que pagan los consumidores) lo hicieron un 42%. "La brecha es cada día mayor por la política abusiva de la gran distribución y la pasividad de la UE", sostiene Agustín Rodríguez. La UPA propone reformas básicas legislativas que permitan conveniar precios mínimos ligados a los costes de producción, al menos en periodos de crisis; la puesta en marcha de códigos de buenas prácticas o la armonización de las normas de la competencia con los reglamentos comunitarios.

Pero, aunque el mantenimiento de las ayudas se garantiza (podría extenderse hasta 2020) la inquietud del sector agrario es el recorte del presupuesto comunitario para la agricultura. Miguel Afán de Ribera, secretario de Asaja-Sevilla, considera que la PAC debería tener un horizonte temporal estable y dotarse de un presupuesto en consonancia con la ampliación de la UE: "La situación actual es insostenible, el presupuesto de la PAC suponía el 0,75% del PIB europeo en 1985 (con solo 10 estados miembros), y actualmente estamos en el 0,43% del PIB europeo con 27 estados".

Para el dirigente de Asaja, que participó en Bruselas en la Conferencia sobre la PAC, el recorte de los fondos provoca que los pagos directos se utilicen para cubrir los costes de producción, "con lo que la renta del agricultor no deja de disminuir, derivando en muchos casos hacia una agricultura de subsistencia". En su opinión, la renta agraria está al 50% de la de los demás sectores, "lo que contraviene el Tratado de Roma y el de Lisboa".