Empresas sospechosas de financiar al PP también construyen colegios

La empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa) también ha adjudicado obras a empresas actualmente investigadas por posible financiación ilegal del PP. Se trata de tres de las seis que figuran en el sumario instruido por el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que habrían financiado a través de Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción del caso Gürtel, las campañas electorales del PP valenciano.

De esas tres empresas solicita la diputada socialista Ana Noguera los expedientes de adjudicaciones en una iniciativa presentada en las Cortes Valencianas. Noguera advierte de que Ciegsa dejó de publicar en 2008 las licitaciones y adjudicaciones de las obras en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y atribuye esa decisión al responsable de la empresa pública, José Luis López Guardiola. "La labor de ocultación y oscurantismo ha aumentado desde que López Guardiola, primo hermano de la consejera Paula Sánchez de León y amigo íntimo de la familia de Francisco Camps, está al frente", asegura la diputada.

La segunda fase del centro de tecnificación fue de adjudicación directa

Según la parlamentaria socialista, Sedesa, la empresa que Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino, ha vendido recientemente al grupo Ezentis, ha recibido adjudicaciones de centros en Alicante, El Campello, L'Alfàs del Pi o La Nucia, "siempre con precios de adjudicación por encima de la licitación". El IES de Ondara ha sido uno de los más polémicos, pues fue inaugurado en 2002 pero ha tenido graves desperfectos e incluso fue desalojado en 2008 por problemas de seguridad en la estructura. "Recientemente", añade Noguera, "han llegado otras adjudicaciones en Villena o el colegio industrializado de Albal".

La empresa castellonense Piaf, que preside Antonio Pons, encargada del mantenimiento de colegios en Castellón, recibió el encargo de remodelar el colegio Sanchis Yago, en Castellón, donde el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, inauguró el curso 2008-2009. Después de 30 años sin obras de mejora, en los días previos al acto, numerosos operarios se afanaron en tapar grietas, pintar, cambiar persianas y arreglar la jardinería del centro docente. Se trata del único centro público de Castellón que aceptó vestir a sus más de 400 alumnos con uniforme.

Otra empresa castellonense, Lubasa, que preside Luis Batalla, cuenta en su haber con una polémica adjudicación: la segunda fase del centro de tecnificación de Vila-real. "Se adjudicó por procedimiento directo y sin concurso", explica Noguera, "esta obra de más de ocho millones de euros. La ley sólo permite adjudicar segundas fases de forma directa si no superan el millón de euros". La diputada añade que Lubasa formó para ello una UTE con Ocide, "vinculada a José Luis Ulibarri, que también tuvo la concesión del hospital de Llíria".