Absuelta una papelera de Zalla, acusada de vertidos al río

La empresa papelera Pastguren de Zalla (Vizcaya) ha sido absuelta del delito ecológico del que se le acusaba por tres vertidos realizados al río Cadagua en agosto y septiembre de 2005, según una sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Barakaldo en la que se constata que no se ha podido acreditar el peligro grave de consecuencias nocivas ni para la salud ni para las condiciones naturales del agua.

La sentencia absuelve además al que fuera director de la empresa hasta finales de 2005, Antxon Pérez Ruiz, para el que la fiscalía solicitaba dos años de prisión. El fallo señala que "no es suficiente que exista un perjuicio, se da por supuesto cuando hay contaminación, sino que es necesario que el perjuicio sea grave, es decir, que produzca o pueda producir importantes consecuencias nocivas".

Para la juez, "no se ha acreditado el peligro grave de consecuencias nocivas ni para la salud ni para las condiciones naturales del agua, que es lo que exige el Código Penal para hallarnos en presencia de un delito". Al pronunciarse por la absolución a la empresa, la resolución no entra a valorar la autoría, que reconoce hubiese sido un tema controvertido ya que parte de la prueba se produjo cuando el único acusado ya había cesado en su cargo y carecía de vinculación laboral con la empresa. Por los mismas razones la juez tampoco entrar a valorar la cuestión relativa al lugar concreto desde el que se produjeron las lixiviaciones y la responabilidad que se puede imputar al director de la fábrica.

Los vertidos

El primer vertido se produjo el 13 de agosto de 2005 al romperse una tubería de aguas pluviales a su paso por la localidad vizcaína de Güeñes. La avería fue solucionada inmediatamente. El tribunal advierte de que dada la naturaleza accidental del vertido y la inexistencia de informe de peligrosidad este vertido no es constitutivo de delito alguno, según Vasco Press.

El 20 de agosto se registró una segunda fuga en el río Cadagua, vertiéndose los lixiviados procedentes del vertedero de la empresa en el arroyo de San Cosme y este a su vez en río Cadagua. Aunque los informes revelaron que la muestra de lixiviado era altísimo e incompatible con la vida en el río, la juez considera que este tampoco puede integrar delito ya que "no todos los vertidos son delictivos sino sólo los que originan un perjuicio grave para el equilibrio de las aguas". El 9 de septiembre tuvo lugar un nuevo vertido de carácter continuo. La magistrada advierte de que existen datos contradictorios que impiden fijar conclusiones sobre la peligrosidad e incidencia del vertido.