Profesores, bomberos y empleados de Ferrocarrils, contra la Generalitat

A los bomberos valencianos les faltan camisetas, pantalones, guantes y botas. Más de un millar de profesores que estaban en comisión de servicios (lo que en la mayoría de casos utilizaban para conciliar la vida laboral y familiar), han visto rechazada su renovación. Y los empleados de Ferrocarrils de la Generalitat se resisten a ver recortadas sus condiciones de trabajo. Si alguien hubiera elegido el día de ayer para tomarle el pulso a los servicios públicos valencianos, habría llegado a la conclusión de que viven un momento de malestar agudo. Hubo huelga en el metro y los tranvías. Concentración de bomberos frente al Palau de la Generalitat. Y protesta de profesores ante la Consejería de Educación.

Cerca de 200 bomberos exigieron al Consell que pague los 34 millones de euros que, aseguran, debe a los tres consorcios provinciales: 24 al de Valencia, ocho al de Alicante y dos al de Castellón. La deuda, que viene de años, impide a las entidades renovar el vestuario viejo u obsoleto, adquirir vehículos de emergencias y mantener abiertos los retenes de refuerzo que habitualmente funcionaban en las áreas que experimentan aglomeraciones en verano por falta de personal, explica Víctor Sendra, responsable de bomberos de Comisiones Obreras en el País Valenciano, sindicato convocante de la movilización junto a UGT.

A la misma hora, más de un centenar de profesores se concentraban por segundo día frente a la Consejería de Educación para reclamar una rectificación al drástico recorte de comisiones de servicio. El departamento de Alejandro Font de Mora concedió 2.643 plazas en el curso que acaba de terminar. Para el próximo ha reducido el número a 1.324. Eso significa que cientos de profesores con niños pequeños y otro tipo de cargas familiares tendrán que irse a trabajar en septiembre lejos de sus casas. Generalmente muy lejos. Por ejemplo: de cerca de Valencia a Orihuela (234 kilómetros) o Ademuz (146 kilómetros), que es donde tienen sus plazas fijas.

Aunque la comisión de servicio ha sido considerada como una vía óptima para el enchufismo -los afectados denuncian precisamente que una parte de quienes han conservado la plaza gozan de influencia- lo cierto es que con el tiempo la figura se ha convertido en una fórmula para conciliar el trabajo y la vida privada. Y ello porque una de las opciones (la más extendida) para solicitar esta forma de movilidad es la situación familiar. Quienes más las solicitan son profesores de 30 a 40 años con críos pequeños.

Marc Candela, portavoz del STEPV, explica que las comisiones se han convertido en una alternativa al concurso de traslado, que es la figura idónea para cambiar de centro, ya que se basa en baremos objetivos y públicos. Educación, sin embargo, limita su uso, así que las peticiones se han ido encauzando a través de la comisión de servicios, figura discrecional muy poco transparente, cuyo número ha crecido muy por encima que en el resto de autonomías. "Ahora, al reducirlas, han venido los dramas", dice Candela.

La consejería explica que pretende dar estabilidad al sistema redirigiendo las comisiones de servicio hacia los concursos de traslado. Pero, señala el portavoz del STEPV, ha empezado la casa por el tejado, cerrando una vía antes de abrir la otra. Educación aceptó ayer revisar las solicitudes de quienes han alegado problemas de salud, lo cual no contentó a la mayoría, que volverá a concentrarse hoy ante la consejería por tercera vez.