El PP de Orihuela oculta los pagos efectuados al grupo de Ángel Fenoll

El PP sigue enrocado en su decisión de mantener el apoyo a sus cargos públicos imputados porta corrupción y, en paralelo, de negar a la oposición documentación sobre pagos a empresas vinculadas a esas tramas. Ayer, Mónica Lorente, alcaldesa de Orihuela y número dos de la dirección provincial del PP, rechazó la petición del primer grupo de la oposición, el PSPV, de hacer públicas las facturas de pagos del Consistorio a 11 empresas, entre ellas tres firmas del industrial afín al PP Ángel Fenoll. Este empresario está imputado en el caso Brugal (trama vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja). La investigación considera a Fenoll como el cabecilla de la supuesta red corrupta.

La alcaldesa apoya a sus tres ediles imputados en el 'caso Brugal'

El caso Brugal y la presunta implicación del Consistorio, en mano del PP con mayoría absoluta, centró el pleno ordinario celebrado ayer, seguido por un centenar de vecinos. El debate entre el equipo de gobierno y la oposición alcanzó su punto de mayor tensión cuando Antonia Moreno, portavoz del primer grupo de la oposición, el PSPV, planteó por urgencia una moción para que el Ayuntamiento facilite las facturas de pagos a 11 empresas. Al margen de las de Fenoll, hay otras tres vinculadas ediles del PP. Otra de las firmas es la sociedad Orihuela Costa Servicios Inmobiliarios, entre cuyos administradores figura Jorge Lorente, hermano de la alcaldesa. El PSPV sostiene que el Ayuntamiento ha pagado a esa empresa vinculada al familiar de la regidora de manera irregular al menos un millón de euros.

Antes del debate de esta moción sobre supuestas irregularidades en los pagos a esas firmas, el Grupo Popular hizo valer su mayoría absoluta (14 ediles, frente a los 7 del PSPV, 3 de Los Verdes, y uno del Centro Liberal Renovador) para frenar otra moción sobre la dimisión de los tres concejales populares (Manuel Abadía, Ginés Sánchez y José Antonio Rodríguez) imputados en el caso Brugal. La iniciativa la planteó el edil de Los Verdes, Monserrate Guillén. Éste argumentó que "estos ediles no pueden seguir gestionando el dinero de todos, al menos hasta que se aclare su situación procesal". El Grupo Popular, a través del concejal de Contratación, David Costa, rechazó la propuesta y apeló a la "presunción de inocencia de los imputados". Los populares rechazaron la moción, pese a que poco antes habían respaldado otra, en este caso del Centro Liberal Renovador, para sumarse al Código de Buenas Conductas de la Federación de Municipios y Provincias.

De los tres ediles imputados, el más destacado es Manuel Abadía. Este concejal es el hombre de confianza de Lorente y, a su vez, el representante del Ayuntamiento en el consorcio del plan zonal de basuras de La Vega Baja. La adjudicación de este proyecto, dependiente de la Diputación, ha motivado la imputación en la causa del titular de la institución, José Joaquín Ripoll.