El BNG pide que se investigue el control policial del 25 de julio

La actuación de la Policía Nacional durante el Día da Patria y su víspera ha suscitado protestas por parte del BNG. Su diputado en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, presentó ayer un escrito en la Cámara en el que pide al Gobierno que investigue si los agentes pusieron impedimentos a que los manifestantes exhibiesen banderas nacionalistas y solicita que se actúe contra el agente que amenazó a una periodista de El PAÍS por preguntar por una calle usando su denominación oficial, en gallego.

"Distintos ciudadanos han expresado su queja porque durante la mañana del 25 de julio, en Santiago de Compostela, agentes del Cuerpo Nacional de Policía les impidieron el acceso a distintos puntos de la ciudad por portar banderas nacionalistas [...] Incluso los agentes pusieron impedimentos para acceder con las banderas a la Praza da Quintana, el recinto en el que estaba previsto que concluyese la manifestación", reza el texto de Jorquera.

Sobre las amenazas del policía, apunta: "Sobran palabras para describir la violencia, el odio y la agresividad manifiesta de un agente de policía nacional para con una ciudadana que simplemente estaba siendo respetuosa y considerada con la lengua propia de Galicia". Después añade que los hechos, por su gravedad, deberían bastar al Gobierno para que investigue el caso y adopte "las medidas disciplinarias pertinentes dada la, a todas luces, censurable conducta del agente".

Criminalizar la lengua

A Mesa Pola Normalización Lingüística también se pronunció sobre la actitud de la policía durante el fin de semana. Su presidente, Carlos Callón, afirmó, en una nota de prensa publicada en la web de la asociación, que tienen constancia "de casos de ciudadanos que fueron reprendidos e incluso amenazados por hablar en gallego, igual que otras situaciones en las que hubo personas a las que no se les permitió entrar en determinadas plazas de la zona vieja [de Santiago] si portaban consigo una bandera de Galicia".

"Se trata de una iniciativa deplorable y antidemocrática de criminalizar la lengua y los símbolos gallegos", aseguró Callón, que pide a Interior que investigue. "No sería tolerable que, igual que el año pasado, nos respondan diciéndonos que lo que denunciamos no es cierto sin abrir ningún procedimiento interno para aseverarlo", avisó.