Esas entidades benéficas

Parece que, por fin, se consuma la destrucción de las Cajas de Ahorros en España. Digamos adiós sin nostalgia a estos monstruos.

Digo "estos monstruos" refiriéndome a lo que hoy son las Cajas Generales de Ahorros, no a lo que fueron ni a lo que podrían haber llegado a ser.

Son entidades monstruosas porque una vez conquistadas, trituradas, deconstruidas, transformadas, desnaturalizadas, reorientadas y finalmente arruinadas por una legión de paladines de la ortodoxia económico-financiera y la modernidad de la gestión de los servicios antaño públicos han devenido irreconocibles, incontrolables y peligrosas, es decir, monstruosas. Así que tal vez este último acto, esta puntilla, tenga el valor moral de una eutanasia caritativa. Que descanse el monstruo en paz.

Hay que sacar las manos de los políticos...¡para meter las nuestras!. Por lo visto es profesionalizar

Para ese viaje, hubiera sido más decente privatizarlas lisa y llanamente

Lo poético del asunto es que el encargado de administrar este rejón negro a las trastornadas y moribundas cajas sea, paradójicamente, un Gobierno socialista.

Las Cajas de Ahorros no son algo tan difícil de entender ni tan alambicado de definir. Basta un poco de buena voluntad y de sentido común. Basta, por ejemplo, leer el párrafo que abre el artículo 2º del Decreto de 14 de Marzo de 1933 presentado por el entonces Ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, al Consejo de Ministros de la República Española presidido por Manuel Azaña que dice así:

"Se entenderá por Cajas Generales de Ahorro Popular, las Instituciones de Patronato oficial o privado, exentas de lucro mercantil, no dependientes de ninguna otra empresa, regidas por Juntas o Consejos de actuación gratuita y dedicadas a la administración de depósitos de ahorro de primer grado con el propósito de invertir los productos, si los tuvieran, después de descontados los gastos generales, en constituir reservas, sanear el activo, estimular a los imponentes y realizar obras sociales y benéficas".

Lo entiende cualquiera. Los ríos de tinta de jurista cefalópodo que en los últimos años han corrido desde los más diversos manantiales, desde el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Congreso, el Consejo de Ministros y seguramente, el Consejo de Estado o la Real Academia de Jurisprudencia, no han hecho más que enrevesar lo simple.

La cuestión de la naturaleza jurídica de las cajas, por señalar uno de los asuntos más controvertidos, ha entretenido a una multitud bizantina de profesores, justo cuando el tema comenzaba a ser del todo irrelevante. ¿De que sirve discutir la naturaleza de algo completamente desnaturalizado?

Porque se trata tan solo de guardar y remunerar en mejores condiciones que las del mercado el ahorro de los más humildes, educando de paso a las clases populares en las virtudes de una sana administración de sus rentas y patrimonio desde la libreta escolar hasta el montepío funerario; concederles créditos sin usura cuando lo necesiten y si después de una correcta administración de los recursos quedara un resultante, destinarlo a una obra social. Ni más, ni menos. Sencillo y benemérito.

¿Cómo es posible que haya tortas entre los bancos para hacerse con unas instituciones cuyo fin no es otro que el de hacer el bien al prójimo?... ¡Algo pasa!

Lo que pasa es que, más allá de cualquier elucubración doctrinal, lo que de verdad caracteriza a las Cajas es que se trata de monumentales patrimonios acumulados por las menguadas aportaciones de millones de trabajadores y por ello, patrimonios apetecibles sin dueño conocido (res nullius) o, peor aún, patrimonios aparentemente públicos en manos de los apestosos políticos.

¡Hay que sacar las manos de los políticos de las Cajas!... Claman con inusitada coincidencia desde los más variados foros de opinión. Hay que sacar sus sucias manos... ¡para meter las nuestras! Eso, por lo visto, se llama "profesionalizar".

He aquí una bonita paradoja. Siempre hubiéramos pensado que solamente las Administraciones Públicas en aras del interés general o asociaciones filantrópicas de diversa etiología estarían dispuestas a consumir sus energías en semejante labor social. Pues no. Resulta que ahora son las entidades financieras las que han decidido asumir abnegadamente ese reto, cueste lo que cueste... ¡Los pobres están de enhorabuena!

Bancos, gobernantes, oposición, intelectuales, académicos, agencias de calificación y demás reguladores y pontífices del mercado están de acuerdo. Ante tan unánime coalición cualquier discrepancia sería soberbia. Al fin y al cabo lo que vivimos hoy no es sino el desenlace inevitable de lo hecho.

Desde el socialismo democrático español, el mismo que llevó al Ministerio de Trabajo al estucador Francisco Largo Caballero, cuyo Estatuto de Cajas nos cargamos, hemos aplaudido la degeneración de la Obra Social en esa cursilada denominada "Responsabilidad Social Corporativa" que cuela el patrocinio publicitario como acción benéfica y hemos asistido a la apropiación de las cajas por élites ligadas a los más variados intereses que actuaban al margen de cualquier responsabilidad. Hemos utilizado las Cajas como palancas financieras de cochambrosos proyectos cuando no como tapaderas de acciones directamente prohibidas para la Administración proclamando, para más inri, que semejante desviación de poder era una muestra de legalidad imaginativa. En el colmo del desatino hemos llegado a exigir la competencia entre cajas como principio de su actuación... ¡Es como si tuvieran que competir las Diputaciones entre sí!

En definitiva, hemos abandonado nuestro análisis para aplicar los razonamientos del capitalismo a instituciones que son, de suyo, ajenas a la lógica capitalista.

Ahora sacaremos las "sucias manos" de los políticos del control de las cajas (léanse, por favor, el artículo 6º de la Constitución Española) para que entren en ellas las delicadas manos de los bancos que se harán con su control sin necesidad de superar el 50% porque, frente a ellos, no habrá nadie.

Para ese viaje, hubiera sido más decente privatizarlas lisa y llanamente y destinar los ingresos de su venta a algún fin social... o a paliar el déficit.

Maria Teresa Fernández García es Socióloga.