El Estado toma el control

La economía argelina ha sorteado la crisis económica sin muchos problemas a pesar de que ha perdido una media de tres puntos porcentuales en su crecimiento previo al derrumbe del sistema financiero mundial. Los dos últimos años de recesión se han saldado con un crecimiento del PIB del 2,3%, pero la economía africana enfila este curso hacia la recuperación. Todos los pronósticos apuntan a que el país crecerá entre un 3,1% y un 3,8% en 2010, cifra en la que se debería estabilizar el crecimiento hasta el año 2014.

El desarrollo argelino reciente se basa en los ingresos de los hidrocarburos y en la inversión estatal que han permitido mantener estables sus ingresos, su comercio exterior y su productividad. Sin embargo, este mismo modelo se ha mostrado insuficiente para controlar el paro, que el año pasado superó el 10% -el 27%, según datos no oficiales- y la inflación que en 2009 alcanzó el récord de crecimiento con un 5,7%. El PIB per cápita ha pasado de 4.600 dólares en 2001 hasta los actuales 7.300 dólares, pero diferentes organismos internacionales hablan de una deficiente distribución de la riqueza.

Más limitaciones a la inversión extranjera y mayor control de precios

Frente a esta situación, el Ejecutivo local ha optado por apuntalar este crecimiento aumentado el control estatal de la economía. La administración económica ha anunciado este mes dos proyectos que limitan la inversión extranjera y controlan los precios, iniciativas que van en contra de las recomendaciones internacionales que apuestan por reformas que mejoren la competitividad y liberalicen paulatinamente sectores clave como la banca, la construcción y las infraestructuras.

La idea inicial es limitar las concesiones públicas solo a empresas locales y dar cabida a corporaciones extranjeras solo si las primeras no se presentan o rechazan las licitaciones. Con ello el Ejecutivo cree privilegiar la contratación de ciudadanos argelinos y favorecer a la industria local. En principio, el proyecto no afecta a los negocios relacionados con la energía -petróleo y gas- equivalentes al 30% del PIB local, aunque sí está ligado directamente con el reciente plan nacional de infraestructuras dotado con un importe inicial de 280.000 millones de dólares para los próximos cinco años.

En cuanto al control de los precios, el objetivo es abrir la puerta a que todos los bienes y servicios sean supervisados por el Estado para "otorgar un marco jurídico que cree competitividad y garantice la transparencia y la equidad en las transacciones comerciales", según ha dicho el Ejecutivo, que además ha resaltado que su único interés es proteger el poder adquisitivo de su población, lesionado por las recientes alzas en los precios de los alimentos en niveles de hasta dos dígitos.

No obstante, las nuevas medidas no apuntan a diversificar el modelo productivo dependiente exclusivamente de los hidrocarburos, el responsable del 60% de los ingresos presupuestarios y del 95% de las ganancias por exportaciones. Ya el año pasado las cuentas dieron un aviso cuando la economía creció un 9% excluyendo los hidrocarburos con un espectacular alza del 17% en el sector agrícola. Las nuevas planificaciones tampoco ayudan a compensar el peso del Estado en la economía y no ayudan al creciente déficit fiscal que solo en 2009 llegó al 8,3% del PIB. -