El Gobierno regional destituye a su interventor general

José Manuel Barberán, el interventor general de la Comunidad de Madrid, un cargo público especialmente relevante en cualquier Administración porque vela por la transparencia y la legalidad de todos los contratos, cesó de su cargo el pasado 16 de julio, según publicó el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). La destitución no se la comunicó el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, quien le ha tenido a su lado en la mayoría de cargos públicos que ha desempeñado desde que ocuparon juntos la Consejería de Hacienda en 1995, sino que, según distintas fuentes, fue el gerente del BOCM, Carlos Ares Sánchez, el que sorprendió a Barberán con la noticia.

Los motivos, que no aparecen reflejados en la publicación, "son personales", según un portavoz de la Comunidad. El ya ex interventor confirmó este punto, aunque fuentes del Partido Popular aseguran que el cese de Barberán, cuya firma acompañó muchos de los informes sobre el caso Gürtel remitidos al juez Baltasar Garzón, responde a cuestiones políticas.Hay dos motivos que llevan a sus compañeros de partido a pensar que no fue Barberán quién solicitó su destitución para así recuperar la plaza que ocupaba en el Tribunal de Cuentas, como indicó ayer un portavoz regional.

El primero apunta a que, si hubiera sido Barberán quien solicitó voluntariamente su cese a la Consejería, debería haber sido el propio titular, Antonio Beteta, quien le nombró en 2008 en un cargo tan estratégico como el de interventor general, el encargado de habérselo comunicado. La noticia, sin embargo, le llegó por parte del gerente del BOCM, Carlos Ares Sánchez, que le anunció la decisión tomada por el Consejo de Gobierno por teléfono. "Barberán no sabía nada", apuntan distintas fuentes.

La segunda razón que aducen las fuentes para creer que podría tratarse de una purga política es una carta que Barberán remitió a el consejero de Presidencia, Interior y Justicia y secretario regional del PP, Francisco Granados. Tras el anuncio de la presidenta Esperanza Aguirre de recortar un 10% el sueldo a todos los cargos de la Comunidad, Barberán informó por escrito al consejero de su oposición a seguir pagando la cuota que hasta ese momento le exigía el partido por ocupar un cargo público. Esa cuota era de unos 50 euros, según las mismas fuentes.

Granados, informado de que este periódico quería confirmar la existencia de la carta, no respondió al teléfono. Una portavoz del PP madrileño declinó hacer declaraciones sobre el asunto.

Barberán fue el primer viceconsejero de Economía (1995- 1996) del primer gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, llegó allí de la mano del consejero Antonio Beteta. Cuando este partió al Gobierno de José María Aznar en diciembre de 1996, Barberán pasó a ocupar un puesto como consejero en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Fue responsable del Área de Supervisión de la entidad y se convirtió en pieza clave del desmantelamiento del caso Gescartera (fraude financiero que dejó a la agencia de valores con un agujero de 50 millones de euros) que supuso al mostrarse partidario de su intervención. Barberán volvió a la sombra de Beteta cuando este le nombró interventor general en julio de 2008, después de que Esperanza Aguirre destituyese a su predecesor, Gregorio Madrid, que elaboró un informe desfavorable acerca del sobrecoste de la protección ambiental de la polémica M-501.