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La Fiscalía de Pontevedra critica que las sentencias de derribo no sean claras

Las denuncias urbanísticas aumentan en los períodos preelectorales

Los atentados contra la ordenación del territorio fueron durante prácticamente los últimos diez años uno de los asuntos de referencia en el mapa delictivo de la provincia de Pontevedra, y ahora, según la fiscalía de esta jurisdicción, es probable que no se hayan llevado a cabo más demoliciones porque las sentencias judiciales son ambiguas.

Las denuncias de particulares llegaron a colapsar la Fiscalía de Pontevedra, reduciéndose la avalancha de casos ya en 2007, cuando se recibieron casi 200, de las que una mínima parte eran anónimas y muchas fueron archivadas. La tendencia a la baja de 2009 se ha mantenido respecto a 2008, según la memoria anual que recoge los datos estadísticos de la provincia y que ayer presentó el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro. En el resumen de la actividad (que engloba a la Fiscalía de Vigo) se han computado 61 casos de investigaciones propias, 275 procedimientos judiciales, 45 sentencias y 33 condenas.

Aumentaron un 41% los casos por robo con violencia en domicilios

Frente a los niveles de eficacia de esta fiscalía, que se traduce en el resultado de las sentencias, Aladro advirtió, sin embargo, que en materia urbanística no se obtiene casi nunca la respuesta judicial esperada. Según explicó, son asuntos que entrañan gran dificultad técnica y la mayoría no comportan orden de derribo de las obras ilegales. Juan Carlos Aladro cree que las pretensiones acusatorias de los fiscales no siempre quedan reflejadas en las sentencias por delitos contra el territorio porque no comportan la demolición o no quedan expresadas con claridad en el fallo, dando lugar a interpretaciones ambiguas.

Experto en delitos del territorio, Aladro indicó que el número de denuncias en materia urbanística que entran aumenta en períodos preelectorales. Una curiosa coincidencia que explicaría la menor incidencia de estos asuntos en 2009 frente a 2007, un año de precampaña de las elecciones autonómicas.

También los asuntos de narcotráfico mantienen la tendencia a la baja, frente al incremento de los casos contra el blanqueo de dinero, que refleja una línea en progresión ascendente de los delitos económicos en la provincia. Aunque el número de asuntos es reducido (10 querellas, 31 acusaciones y 8 juicios), Aladro explicó que son asuntos complejos que requieren tiempo y mucha especialización.

Los delitos de violencia aumentan ligeramente, aunque respecto a 2008 mejoraron los resultados estadísticos en cuanto a los casos con muertes violentas, y se han propiciado reuniones de trabajo con las fuerzas de seguridad del Estado. En seguridad vial, los dos convenios suscritos con Vigo y Pontevedra para que se cumplan las sentencias propiciaron casos de rehabilitación y educación de infractores, según Aladro. Además, aumentaron en un 57% los delitos de lesiones y un 41% los de robo con violencia en propiedades privadas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de julio de 2010