11.000 adjudicatarios de VPO podrán comprar su suelo por 9.000 euros
Vivienda abre en septiembre la liberalización de pisos con derecho de superficie
El Departamento de Vivienda empieza a aplicar las medidas de su Pacto Social suscrito hace un mes con 70 entidades. El consejo de gobierno aprobó ayer ofrecer a partir de septiembre la plena propiedad de VPO edificadas con la figura del derecho de superficie. Esto es, viviendas cuyo suelo se mantiene en manos del Gobierno y que dejan de estar protegidos al de 20 años. Pero el problema es que, si el propietario la vende en el mercado libre, el nuevo dueño puede disfrutarla 55 años, periodo tras el que recupera la calificación de protegida. Con la compra del suelo, el piso queda ya con la calificación permanente de protección.
El consejero Iñaki Arriola aseguró que el pago oscilará entre los 9.000 y los 12.000 euros (en función del tamaño) y se ofrecerá financiación a largo plazo y bajo interés. La medida se dirigirá inicialmente a 11.859 viviendas que fueran adjudicadas antes de 2003 (las que tienen la calificación de protección temporal) y posteriormente se extenderá a otras 8.362 tipificadas como protegidas de manera indefinida. Arriola expuso que el Gobierno espera recaudar 24 millones de euros, una cantidad calculada con que el 15% de los titulares de las casi 12.000 viviendas acepte la compra.
El Gobierno aplica su primera medida para aumentar el parque protegido
El dinero obtenido se dedicará, remarcó el consejero, únicamente a la ampliación del parque de viviendas protegidas en régimen de alquiler. El Pacto Social se ha marcado facilitar pisos arrendados a 40.000 familias en un plazo de 15 años.
Actualmente, en Euskadi hay 20.221 viviendas de protección oficial con derecho de superficie, de las que 3.980 se ubican en Álava, 9.052 en Vizcaya y 7.189 en Guipúzcoa. El Gobierno, además de obtener más ingresos, pretende con esta medida que estos pisos permanezcan en el parque de viviendas protegidas. Arriola aseguró que tendrá "importantes efectos regulatorios sobre los precios" y ampliará la oferta para los ciudadanos en segundas y posteriores transmisiones de la propiedad.
"Es una magnífica oportunidad para que los ciudadanos mantengan una vivienda con estabilidad y desaparezca la inseguridad que supone el ser titular de un derecho de superficie", manifestó Iñaki Arriola.
Los interesados en tener la plena propiedad de su piso deberán solicitarlo en las Delegaciones Territoriales de Vivienda entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre. En estas oficinas, se notificará el precio de la compra y el plazo para su abono, que no podrá ser superior a un mes. El consejero destacó que habrá "facilidades" con financiación a largo plazo y bajos intereses que pueden cubrir el 100% de la operación. Un a vez cumplidos estos trámites, el delegado de Vivienda dictará la resolución de la compra y citará los interesados para la tramitación de las escrituras en un plazo no superior a seis meses.
Vivienda tiene previstas otras medidas para aumentar la oferta de pisos en alquiler, como la captación de fondos privados mediante la firma con constructores de arrendamientos a 30 años. El empresario financia los pisos y, una vez terminados, recibe un canon anual durante dicho periodo. Transcurrido el plazo, el piso pasa a plena propiedad del Gobierno, un modelo similar a las concesiones de las autopistas.
Esta actuación también se contempla en el Pacto Social por la Vivienda, firmado el pasado 16 de junio por 70 entidades, entre ellas los principales agentes del sector, como los constructores y promotores inmobiliarios. El texto tiene pendiente recabar el apoyo de las instituciones. Dos de las principales, ambas gobernadas por el PNV, la Diputación vizcaína y el Ayuntamiento de Bilbao, han mostrado rápidamente su rechazo. La institución foral ha justificado su decisión con el argumento de que dispone ya de su propio plan de vivienda, mientras que el consistorio bilbaíno aduce que el texto "no incorpora apuestas claras y audaces para garantizar" el derecho a la vivienda.
Tras este Pacto, el Gobierno debe elaborar el Plan Director de Vivienda hasta 2013 y la ley de Vivienda.
20.221 pisos
- El derecho a superficie se implantó cuando en Euskadi no había una calificación permanente de protección para las viviendas y era una manera de recuperarlas al de 75 años. El resultado es que ahora existen un total de 20.221 VPO con esta figura en la comunidad autónoma.
- El problema es que, al no tener asegurada su propiedad, el dueño va disminuyendo el cuidado del inmueble según pasan los años. La intención de Gobierno es eliminar esta conducta y, de paso, asegurarse un mayor parque de VPO.
- Los interesados en la liberalización deberán pagar entre 9.000 y 12.000 euros, una horquilla en función del tamaño del inmueble. La medida se aplicará inicialmente en las 11.859 viviendas con derecho de superficie que fueron adjudicadas antes de 2003, ya que a partir de ese año todos tenían la calificación de protección permanente.
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