Sacresa estaba en quiebra 18 meses antes de la suspensión

Sacresa, que acaba de protagonizar el tercer mayor concurso de acreedores en España, se encontraba ya en serios apuros desde finales de 2008, a pesar de que no fue hasta marzo pasado cuando la compañía de la familia Sanahuja se declaró insolvente ante el juez y de que fue a finales de junio pasado cuando pidió el concurso al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona. Según la auditoría que realizó Deloitte sobre las cuentas de tres de las cuatro empresas declaradas en concurso, estas se hallaban ya en causa de disolución en diciembre de ese año.

Cresa Patrimonial, la sociedad con la que los Sanahuja compraron Metrovacesa, la que fuera gran inmobiliaria española, se hallaba en esta situación porque, según el auditor, las pérdidas -que sumaban 220 millones, aunque Deloitte las consideró infravaloradas en 171 millones- redujeron el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social.

Sacresa acabó cediendo el control de Metrovacesa. Pero ahí no terminaron sus problemas. Además de tener que retrasar obras, algunas tan emblemáticas como la City Metropolitana de Barcelona, la sociedad BCN Godia instó al concurso de acreedores de la inmobiliaria de los Sanahuja, lo cual no trascendió porque más tarde lo retiró y se quedó con la parte de la promotora en el hotel Vela de la capital catalana.

Deuda en derivados

Finalmente, el juez ha declarado en concurso a cuatro empresas del grupo, lo cual la convierte, de momento, en el tercer mayor concurso de España, tras Martinsa y Habitat. Sin embargo, podría convertirse en el segundo: las fuentes consultadas no excluyen que en breve entren en concurso otras filiales del grupo.

La parte más delicada del concurso, coinciden estas fuentes, será la de los derivados. En el precedente de Habitat, de una deuda de más de 2.800 millones, solo 54 millones correspondían a estos instrumentos contraídos con 10 entidades financieras. En el caso de Sacresa, de los 2.635 millones de pasivo, alrededor de 400 millones corresponden a derivados, en especial de tipo cambiario.

La complejidad radica en que la ley concursal no fija si estos instrumentos deben incluirse o no de la deuda ordinaria. Los derivados están contratados con tres entidades financieras que no tienen el grueso del resto del pasivo, lo que le da aire en la negociación. Si el dinero queda fuera de la deuda ordinaria asfixiaría de nuevo la tesorería de la sociedad.