Los médicos abren un registro regional de objetores a la práctica de abortos
Los doctores de atención primaria también tienen que declarar su oposición
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Los colegios médicos tienen estos días mayor movimiento. El número de facultativos que se declaran objetores de conciencia para no practicar abortos ha aumentado. Algunos colegios provinciales, como los de Huelva o Almería, que nunca habían tenido registro, apuran los mecanismos necesarios para abrir uno. Y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, presidido por Juan José Sánchez Luque, se ha visto obligado a crear uno regional en coordinación con los colegios provinciales.
La ley del aborto, vigente desde el pasado 5 de julio, recoge que la objeción de conciencia es una decisión individual que "debe manifestarse anticipadamente y por escrito", lo que ha movilizado a los profesionales.
En Málaga sólo hay 25 objetores inscritos en el registro provincial, pero en los dos últimos meses la cifra se ha duplicado. Desde que se creó el registro en la provincia, en el año 2005, y hasta el pasado mes de enero, sólo se habían inscrito 13 médicos, pero en el último semestre otros 12 han hecho los trámites.
En una parcela destinada casi en exclusiva a los ginecólogos, han entrado ahora los profesionales de atención primaria. De los 12 registrados 11 son médicos de cabecera que, hasta ahora, no intervenían para nada en el proceso del aborto. Sin embargo, con la nueva ley, el médico de familia es al primero a quien llega la paciente, "lo que convierte lo convierte en actor del proceso", apunta una portavoz del colegio malagueño, que añade que los directores de los centros de salud deberían estar informados de quién es objetor para derivar a las pacientes a los médicos adecuados.
En el Colegio de Jaén, con 2.000 médicos colegiados, un total de 63 se han inscrito desde el mes pasado en el registro. Y en el colegio de Huelva, la demanda de "tres o cuatro médicos" ha iniciado los trámites para crear uno. José María Mora, abogado del colegio onubense, defiende que la objeción surge por el cambio de delito a derecho. "Los médicos ejercen una profesión libre y pueden negarse a hacer algo que va contra sus principios", añade.
También Almería se ha tenido que poner a ello, ya que tampoco contaban hasta ahora con el mecanismo formal, como sí tiene Córdoba desde 2001, a raíz de la llegada de la píldora poscoital a España.
A partir de ahora, el Consejo Andaluz tramitará todas las solicitudes y pondrá a disposición de los más de 32.000 médicos colegiados de la región un equipo jurídico.
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