El gobierno del Reino

Zapatero buscaba aliados para el violento giro económico y social iniciado el 12 de mayo y se encontró con una primera respuesta de CiU: no cuente con nosotros como en el pasado, no encajamos en la Constitución. El jefe del Gobierno acudió al debate del estado de la nación para tantear cómo podría apuntalar su mayoría, sin lo cual el programa de reformas rápidas y profundas que anuncia será un vía crucis y ni siquiera podrá aprobar los Presupuestos para 2011. La respuesta del nacionalismo catalán descubre otro conato de incendio a sus pies y hurga en las dudas del socialismo catalán, cuyos diputados suponen el 15% del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

A todas luces, la estrategia de CiU va más allá de Zapatero. Lo que Josep Antoni Duran i Lleida califica como "el acto más separador de los últimos 35 años", refiriéndose a la sentencia del Tribunal Constitucional, se ha dicho en el Congreso tras las demostraciones del 10 de julio en las calles de Barcelona. Si el Estatut no cabe en la Constitución, cámbiese la Constitución, sugieren voces desde Cataluña como la del propio president José Montilla; mientras otras se apuntan directamente al soberanismo, es decir, que los catalanes decidan por sí mismos sin discutirlo con los otros ciudadanos "del Estado español". Todos ellos saben de la profunda división que existe entre las dos corrientes centrales de la política española y que ni siquiera el PP, el mejor situado en las encuestas, tiene asegurada la gobernación del Reino con sus solas fuerzas.

No se puede pedir a millones de ciudadanos que vivan y trabajen bajo una discusión eterna sobre las reglas del juego

Por eso la apuesta de Mariano Rajoy resulta confusa. Mecido por los sondeos, reclama elecciones inmediatas en el mismo discurso donde dice -y no hay por qué dudar de su sinceridad-, que lo que en verdad le conviene a él, a Rajoy, es que Zapatero continúe sentado donde está hasta el agotamiento de la legislatura. Las razones de ese deseo personal las dejó al buen entendedor: las reformas estructurales queman y el anticatalanismo demostrado por la derecha española complica la posibilidad de apoyarse en CiU, como ya hizo José María Aznar en 1996. Y por más que intente hacerlo olvidar, las heridas están demasiado frescas. Incluso si el PSOE quedara apeado del poder y el PP alcanzara la mayoría absoluta, este partido sería prisionero de cuanto ha hecho y dicho sobre los peligros para la unidad de España y la igualdad entre españoles atribuidos al Estatut. Así que a las preocupaciones provocadas por el desplome de la economía del ladrillo y la crisis financiera se suma ahora un recrudecimiento de las tensiones territoriales.

No se puede conjurar tantos fantasmas pidiéndoles a Iker Casillas y a Carles Puyol que sigan abrazándose, como lo hicieron tras el triunfo del equipo nacional de fútbol. Lo que sí se puede pedir a la política es que no ponga a los profesionales del balón, y a otros muchos millones de ciudadanos, en la situación de vivir y trabajar bajo una discusión eterna de las reglas del juego.