Los sindicatos negociaron para ratificar a los inspectores de Turismo

Los sindicatos cierran filas con la Dirección Xeral de Función Pública tras la denuncia del viceportavoz parlamentario del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, que dio a conocer que el Supremo anuló una oposición de inspectores turísticos convocada en 2001 por el Gobierno de Fraga.

Las centrales conocían la sentencia desde hace seis meses y negociaron con la Xunta su aplicación para no perjudicar a las 16 personas que en 2004 sacaron la plaza. En el CSIF creen que Lage Tuñas está intentando utilizar políticamente el contundente dictamen del alto tribunal: "Queremos tranquilizar a los funcionaros inspectores de turismo, que obtuvieron su plaza de forma legítima en este proceso selectivo, ya que en ningún momento se ha barajado la posibilidad de que su situación se vea alterada por la ejecución de esta sentencia, muy a pesar de las pretensiones del señor Lage", asegura el comunicado del CSIF.

Desde CIG, Fernando García lo respalda y anuncia que sólo se repetirá el último ejercicio para dar la oportunidad a los tres opositores que recurrieron las pruebas, y que los funcionarios que "se dieron la paliza para sacar la plaza", la mantendrán.

Sin embargo, tanto García como Francisco Sánchez, del CSIF, admiten que "ha habido irregularidades", pero culpan de ellas a "una actitud negligente por parte de los responsables de aquel proceso", y no a los opositores.

Profesor y jurado

El fallo concluye que en el proceso selectivo jugó un papel determinante Jaime Fernández-Obanza, asesor del tribunal que regía la oposición y que había sido profesor de varios de los aspirantes que sacaron la plaza. Esa circunstancia le debía haber obligado a abstenerse de participar en las pruebas, pero lejos de eso confeccionó el cuarto ejercicio, "inventándose un sistema de calificación" que no estaba en las bases y dio consejo al tribunal sobre la nota de corte.

Los tres denunciantes recibieron el pasado 17 de junio una comunicación de la Consellería de Facenda en la que se les comunica que se repetirá, años después, ese cuarto examen. El PSdeG juzga "muy grave" que Facenda "ocultase la sentencia", y pide la destitución del director de Función Pública. El departamento que dirige Marta Fernández defiende que "no hubo ningún ocultamiento", y que los sindicatos "estuvieron informados".