Miradas desconfiadas

A raíz de mi artículo de la pasada semana Raseros Legales, en el que expresé algunas reflexiones sobre la candidez y el rigor de las leyes en función de que los actos delictivos sean cometidos por personas con poder o por ciudadanos de a pie y nunca mejor dicho (comparaba las penas impuestas a un ciudadano kurdo por lanzar un zapato y las de un juez por usar la justicia en su beneficio, siendo más graves las primeras), he recibido algunas llamadas que, de forma más o menos directa, me han advertido de las posibles consecuencias de mis opiniones. No es la primera vez que me ocurre. Dentro de estas comunicaciones hay un correo electrónico que dice "si no temes que algunos ex compañeros, algo..., aplique el título de tu artículo a las sentencias en asuntos en los que tú intervengas", y termina dándome la enhorabuena por haberme salido de la carrera antes de haberse degradado tanto. Es curioso que sobre algo en lo que jamás he pensado seriamente, esto es si lo que escribo y de lo que escribo me perjudica o beneficia en el ejercicio profesional (ahora ejerzo como abogado y antes he ejercido como magistrado y como fiscal, carreras a las que sigo perteneciendo aunque con excedencia voluntaria), forme parte de algunos correos y llamadas que me llegan cuando toco estos temas. No obstante, ante esta reiteración me lo he preguntado, tanto en lo que hace al ejercicio profesional como en el acierto de salir de ambas carreras. La respuesta a estas interrogantes ha sido negativa.

No pienso, y llevo más de 34 años dentro del ámbito judicial y 14 escribiendo, que jueces y fiscales te den patadas en el culo de tus clientes por tus opiniones. Es probable que algún calamita pueda tocarte en suerte. Si es así, el derecho tiene mecanismos suficientes para articular la defensa de los intereses de parte; bien mediante los pertinentes recursos o mediante denuncias al CGPJ y ante los tribunales. Ahora bien, la verdad es que no. No he tenido que preocuparme ni ocuparme de este aspecto. Una cosa lleva a la otra: el acierto en solicitar la excedencia por las razones que se dicen en el correo. Mi salida de la carrera judicial nada tuvo que ver ni con mis dotes de adivino ni por deterioro alguno judicial. Es más, pienso, después de tantos años, que la administración de justicia cuenta con una inmensa mayoría de jueces y fiscales que se dedica a impartir justicia con mayúsculas y que cuentan con una preparación francamente alta. Desde este punto de vista que alcanza a la generalidad de estas autoridades no he hecho reproche alguno. Cuestión diferente, y bien diferente, es mi opinión ante actos concretos judiciales o fiscales como también ante la respuesta de instituciones, como al Consejo General del Poder Judicial en el control judicial y en sus nombramientos. Igualmente, la respuesta de juzgados y tribunales ante algunos actos en concreto de los que conocen, diferenciando entre los que juzgan por actuaciones personales con relevancia penal y aquellas profesionales que pudieran tenerla por actos negligentes y no dolosos. En estos casos, solo en estos casos, prima generalmente el aspecto corporativo al igual que en su huelga, mientras que en aquellos apenas aparece.

Este es el fondo de mis comentarios. La existencia de una justicia anclada en el pasado corporativista, ausente de control interno eficaz, objetivo y no solo voluntarista. También la falta de legitimación democrática final por la no intervención del Parlamento y de los Parlamentos autonómicos en la designación de cargos judiciales representativos para las comunidades. Aquellas carencias y estas ausencias son las que constituyen en numerosas ocasiones la base de mis comentarios, dirigidas a un cambio en estos aspectos. Un objetivo que no impide que, cuando algún juez se destaque negativamente con sus actos o con sus resoluciones, los traiga a esta columna o los comente en cualquier medio, hablado o escrito sin que miedos, prevenciones o intereses, hagan cambiar o adulterar mis opiniones.