Álava conocerá el patrimonio de los diputados forales y altos cargos

El caso De Miguel ha ejercido de detonador para que el patrimonio de diputados y altos cargos de la Diputación de Álava presenten una mayor transparencia. Ayer, las Juntas Generales de este territorio aprobaron en pleno, con los votos de PNV, EA y PSE, la publicación en el Boletín Oficial de Álava de las declaraciones de bienes e intereses de los altos cargos de la Diputación de la actual legislatura. El PP votó en contra al considerar que esta transparencia patrimonial era parcial.

La nueva norma nace a sugerencia del propio diputado general, Xabier Agirre, ante las denuncias de los populares a raíz del caso de presunta corrupción en el que está implicado el ex diputado de Administración Foral, Alfredo de Miguel, y también el ex director del Instituto Foral de Bienestar Social, Koldo Otxandiano, y otros reconocidos militantes del PNV. Agirre, que reclamó transparencia absoluta, se decidió a publicar las declaraciones de bienes e intereses (hasta ahora sólo eran públicas las de actividades), que se mantenían en secreto por razones de seguridad.

Aguirre planteó la iniciativa a raíz de las denuncias por el 'caso De Miguel'

La norma obligará a que se publiquen los bienes den todas las personas que hayan ocupado cargos de alta responsabilidad desde esa fecha, independientemente de que ya no se encuentren en la institución como es el caso de Alfredo de Miguel. En otra disposición del proyecto se abre la puerta a que también se hagan públicas las declaraciones de bienes e intereses de personas que hayan sido diputados o altos cargos durante los últimos diez años, aunque en este caso será de forma voluntaria.

Xabier Agirre, cuando presentó la norma, insistió en este aspecto, con el fin de "retratar" a los anteriores gobiernos, entre 1999 y 2007, del Partido Popular, con Ramón Rabanera como diputado general. Pero, ayer, la portavoz suplente del PP en las Juntas, Marta Alaña, mostró sus dudas ante la posibilidad legal de este efecto retroactivo de la norma, en el debate de la moción.

Pero esta no era la principal razón para que los populares no apoyasen esta medida de transparencia. Según Alaña, el rechazo de su grupo a esta iniciativa llega porque no sirve para controlar si las variaciones patrimoniales que se detecten en las declaraciones de bienes de los diputados y altos cargos "son fruto de un enriquecimiento injustificado o ilícito" durante el desempeño de su cargo.

Y para ello, subrayó, "es fundamental" poder comprobar "los bienes que se tienen a la entrada y salida del ejercicio del cargo público", cuando la disposición adicional primera del nuevo proyecto sólo habla de las declaraciones efectuadas a la hora de "acceder al cargo en la presente legislatura" y no las efectuadas a la salida. Por ello, Alaña se preguntó con qué se van a comparar las declaraciones de bienes de De Miguel y Otxandiano si no se va a poder disponer de las que hicieron al ser cesados

Sin embargo, la juntera del PNV, María Jesús Agirre, insistió ayer en que la modificación obliga "a todas aquellas personas que han pasado por la Diputación en los últimos tres años incluyendo a los cargos que hayan sido "cesados". Agirre señaló que el PP votó en contra ante el temor a que sus diputados y altos cargos puedan ser investigados.