La ley del aborto

Tras un período de vacatio legis de cuatro meses desde su aprobación definitiva por las Cortes Generales y posterior publicación en el BOE, la pasada semana entró en vigor la nueva ley que regula el aborto en España. Fue acompañada de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Partido Popular. Y a esta decisión del principal partido de la oposición en España se vino a sumar, lamentablemente, la actitud de obstaculización (y en algunos casos de verdadera insumisión) a la aplicación de la ley en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP.

A la cabeza de ellas se situó la Comunidad murciana, cuyo inefable presidente llegó hasta el extremo de declarar (aunque a la postre ha rectificado) que "no había razones para acatar la nueva ley" porque "todavía no está en su punto final". Por su parte, Galicia comenzó con una resistencia pasiva (al más puro estilo galaico), dado que en principio pretendía no incluir la preceptiva información relativa a los centros de salud sexual y reproductiva, ni la referente a las posibilidades que tienen las embarazadas que deseen abortar de continuar percibiendo ayudas.

Galicia comenzó con una resistencia pasiva, amagó con negar información sobre salud reproductiva

Desconocía que mantener el embarazo frente al aborto fuese un indicador de inteligencia

Probablemente, en esta actitud inicial influyó la conocida posición ideológica de la conselleira Pilar Farjas ante el aborto, quien en el momento en que el Parlamento español aprobó la ley de plazos nos sermoneó con expresiones tales como que "defender la vida es un logro del avance científico", y que "la ciencia nos permite ver la grandeza de quien fue capaz de crear la vida", y que el ateísmo "deja a los ciudadanos sin fuerza moral".

Tuvo que ser el propio presidente Núñez Feijóo el encargado de rectificar, con unas juiciosas declaraciones en las que -en sintonía con la dirección nacional de su partido- se venía a reconocer algo obvio en un Estado de Derecho, esto es, que, aun admitiendo su discrepancia con el Gobierno de España en este aspecto, "mientras las leyes no se deroguen deben cumplirse", y que lo que, en su caso, hará la Administración autonómica es "apoyar a las mujeres que quieran tener hijos". Eso sí, lo que ya no me pareció tan juicioso fue lo que añadió a continuación, imbuido -consciente o inconscientemente- del espíritu de Filar Farjas, a saber, que optar por continuar con el embarazo "es mucho más positivo e inteligente que el aborto". Así, con el calificativo "positivo" Feijóo nos estaba reintroduciendo, por de pronto, los criterios éticos en el debate, con lo que (como aclaré en una columna anterior) incurre en el error de mezclar indebidamente lo que Wittgenstein denominó el sentido trivial o relativo y el sentido ético o absoluto del lenguaje.

Ahora bien, al aludir a la mayor "inteligencia", confieso que me ha dejado desorientado, puesto que desconocía que mantener el embarazo frente al aborto fuese un indicador del coeficiente de inteligencia del ser humano, lo que, de ser así, constituiría desde luego un hallazgo científico extraordinario, al que habría que buscarle a su vez las bases neurobiológicas para conseguir que los restantes seres humanos podamos beneficiarnos de ello con el fin de aumentar nuestro magro coeficiente intelectual.

Lo que sí comparto con Feijóo es la sorpresa que nos causó que el Gobierno de España "adoptase medidas que no llevaba en su programa electoral" y que -esto lo añado yo- se acordase del aborto sólo cuando era electoralmente rentable. Y es que, en efecto, causa estupor recordar que el PSOE no incluyó en su programa de 2008 la reforma del aborto con el argumento -aireado por sus dirigentes- de que "no había el suficiente consenso para introducir un sistema de plazos". Dejando ya al margen la flagrante contradicción con el dato de que el PSOE presentó en 1996 un proyecto de ley en las Cortes y que el sistema del plazo fue incorporado a su programa electoral en el año 2004 por amplia mayoría, hay que reiterar que lo que se persigue con este sistema no es "legalizar" el aborto, sino únicamente renunciar al castigo penal, y sólo en determinados supuestos. Por tanto, el consenso (un amplísimo consenso) se necesita precisamente para lo contrario, o sea, para mantener la sanción penal, porque en un Estado democrático de Derecho es principio básico considerar que la intervención del Derecho Penal únicamente será legítima cuando se encuentre cimentada en una opinión compartida de forma generalizada por los ciudadanos. De ahí que la penalización del aborto consentido careciese de toda legitimidad en España desde hace muchos, muchísimos años.