Los dueños de las casas ilegales de Marbella presionan para no pagar

Los dueños de viviendas ilegales de Marbella (Málaga) están recelosos. Después de varias reuniones con técnicos de urbanismo para ver cómo se van a regularizar las 16.500 viviendas ilegales de la ciudad, no tienen tan claro el compromiso que en su día hizo el gobierno de Ángeles Muñoz (PP) de no permitir que los terceros de buena fe terminen pagando las tropelías de otros.

"Empezaron a explicárnoslo poco a poco, hasta que llegó el momento en el que nos tocaba pagar, en algunos casos se han dado hasta cantidades", explica Cristóbal Moncayo, de la asociación de vecinos Cristo de los Molinos. La organización, a la que pertenecen unos 800 socios y que abarca una extensión con 1.500 casas ilegales, se echó las manos a la cabeza. "Vamos a preparar una plataforma por si hay que sacarla a la calle en caso de emergencia", añade Moncayo. Entre 10 y 15 urbanizaciones les han llamado para adherirse.

El runrún de los vecinos forzó que el edil de Urbanismo, Pablo Moro, anunciara el pasado miércoles una moción para el próximo pleno en la que el Ayuntamiento vuelve a comprometerse a perseguir a los promotores para que se hagan cargo de los desembolsos. Moro intentó tranquilizar a los propietarios de los inmuebles y pidió a la oposición que les apoye en esta iniciativa.

Conscientes de que falta menos de un año para las elecciones, los autodenominados "terceros de buena fe" buscan precisamente esto, que el PSOE también se comprometa. "No sería una gran cosa, pero habría donde agarrarse políticamente", consideran.

Los socialistas han recogido el guante al segundo. "Si dentro de un año soy alcalde, ningún comprador de buena fe pagará ni un euro de compensaciones", prometió el viernes José Bernal, secretario del PSOE de Marbella. Bernal se acompañó de una arquitecta, experta en urbanismo, que aseguró la existencia de "mecanismos suficientes para no tener que exigir nada a los vecinos".

Con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado, los promotores de las viviendas en situación irregular tienen hasta mayo de 2011 para aportar de forma voluntaria las compensaciones (terrenos o dinero) que les marca el documento y así conseguir su legalización. Si no lo hacen, el Consistorio se lo puede exigir. En caso de que estén desaparecidos, el propietario de la vivienda asume la carga.

Tanto el equipo de gobierno, como la oposición, defienden que no se llegará a este extremo, pero las fórmulas para conseguirlo no están claras. El edil de Urbanismo deslizó la posibilidad de exigir responsabilidades a las administraciones implicadas, entre las que se incluye el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Bernal también apostó por esta vía, aunque no entró en detalles. "Lo único que hay que hacer es gestionar debidamente", dijo su asesora, la arquitecta Isabel Pérez.

Ya a finales de 2008, la alcaldesa trató de zanjar esta polémica con una carta que recibían todas las personas que iban a consultar el PGOU. El documento daba por hecho que todos los compradores de viviendas ilegales en Marbella las adquirieron con buena fe y les garantizaba que quedarían eximidos de pagar las compensaciones.

Para conseguirlo, aseguraba que se había introducido en el PGOU un artículo en el que esa inmunidad no aparecía recogida expresamente. La fórmula jurídica antepone a los constructores a la hora de pedir responsabilidades, pero en ningún momento recoge que los dueños de las viviendas no tendrán que pagar por regularizarlas en caso de que no se les localice o no quieran asumir las cargas.