Pocos esperan algo

El pasado jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) modificó sus previsiones respecto a las del pasado mes de abril. Aunque sea preciso poner entre interrogantes su valor concreto, dada su falta de acierto en tantas ocasiones, merece la pena subrayar dos tendencias contrarias: un mayor crecimiento a nivel mundial, estimulado sobre todo por los países emergentes (lo que alejaría las posibilidades de una doble recesión en forma de W), y menor dinamismo en la economía española, que se contraería un 0,4% este año y solo crecería un 0,6% en 2011 (tres décimas menos que en abril y menos de la mitad de las previsiones del cuadro macroeconómico del Gobierno, un 1,3%).

El año 2011 es el previo a las elecciones generales, si estas no se adelantan. En este contexto se va a celebrar el debate del estado de la nación, en el Parlamento, durante la semana entrante. Se desarrollará en medio de una coyuntura excepcional de la que se desprende que la economía es el primer problema español y que de su mejora depende todo lo demás, incluida la marcha general del sistema democrático, golpeado de modo muy directo por las dudas de los ciudadanos en torno a la calidad de las respuestas políticas a la crisis, en términos de eficacia y de reparto de las cargas entre los distintos segmentos sociales.

Gobernar el tiempo es el primer mandato de un líder. Ahora urge un acuerdo para aplicar políticas a largo plazo

Y a pesar de ello, pocos esperan mucho de ese debate. De la comunicación del Gobierno al Congreso se desprende que la intervención del presidente, Rodríguez Zapatero, se va a centrar en conseguir el mayor acuerdo posible entre fuerzas políticas diversas en tres reformas estructurales como son la del sistema financiero (en especial, las cajas de ahorros), la reforma laboral y la del sistema de pensiones. Las tres son centrales para el devenir de este país y para determinar la naturaleza de las salidas que se den a las actuales dificultades económicas. Del Gobierno, que ha dado el primer paso al presentarlas con distinto grado de concreción, se necesitaría que acreditase su sinceridad en la búsqueda de ese pacto tras tanto coitus interruptus en los últimos meses. De la oposición, que comparezca ante estos problemas excepcionales y de una vez explique cómo los arreglaría, además de decir no a todo.

Quizá este sea el último intento posible antes de entrar en una larguísima campaña electoral en los distintos escalones de la Administración. Ejercer el liderazgo exige gobernar el tiempo más allá de los legítimos intereses electorales partidarios. Y el tiempo de la coyuntura económica es muy corto: qué hacer en los casi dos años que restan de la actual legislatura y, más allá, qué hacer en la próxima, dadas las secuelas de una crisis tan larga en términos de desempleo, empobrecimiento de las clases medias y endeudamiento público y privado. Dadas las posibilidades que todo tipo de encuestas atribuyen al Partido Popular de ganar los comicios generales, el pacto que los ciudadanos demandan convendría tanto a unos como a otros. Y sin embargo, ¿por qué casi nadie cree que pueda conseguirse?