La pena de telediario
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha insistido en el uso intenso que se hace en España de la "pena de telediario", y no conviene tomarse el asunto a la ligera. Alrededor de 300.000 detenciones por año representan un volumen suficientemente alto como para interesarse por las condiciones en que se practican. La policía ha de poner en libertad a los afectados o presentarlos ante un juez, y en esos trayectos, o en las sedes judiciales, muchas personas tienen posibilidades de verse fotografiadas o filmadas cuando van encuadradas por los agentes o incluso esposadas, reducidas a carnaza para la canallesca o sometidas a escarnio público. Todo eso, mucho antes de que se establezca la verdad judicial sobre si han dado motivos para quedarse entre rejas o son víctimas de equivocaciones o persecuciones de mala fe.
Si la presunción de inocencia está en peligro, no solo hay que preocuparse por la de los políticos
El PP ya lo había señalado a propósito del caso Gürtel y otros escándalos políticos, y lo ha reiterado tras saber de la detención de José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante y miembro de ese partido -puesto horas más tarde en libertad con cargos-. Lo curioso es que la alarma política depende de la cualidad del sospechoso. La indiferencia por las condiciones de detención del común de las gentes se troca en grave inquietud cuando se trata de políticos o personas relacionadas con ellos. Ahí se observan los rasgados de vestiduras, el asombro por la "pena de telediario", las críticas a la "pena de paseíllo", que "no está prevista en el Código Penal", como decía la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Maria Eugenia Alegret, tras la detención de prohombres de CiU y del PSC en la Operación Pretoria, un caso de corrupción conocido en el otoño pasado.
No se escuchan muchas protestas de alto nivel -sobre todo, de los políticos- por las circunstancias en que son detenidos presuntos estafadores o narcotraficantes. Solo los abogados de parte cuestionan a la policía cuando detiene a personas por terrorismo etarra o islamista, independientemente de la solidez de los indicios o pruebas contra ellos, y a menudo, en presencia de cámaras. No hubo grandes reproches éticos/políticos al espectáculo mediático en torno a la detención de varias personas, entre ellas un menor, tras la desaparición y muerte de la adolescente Marta del Castillo: las críticas lo fueron a la falta de mano dura para hacerles cantar. Tampoco hay preocupación por lo que puedan pensar amigos, vecinos o deudos de otros miles de detenidos, sean malos malísimos o víctimas de errores. Entre las excepciones a tanta indiferencia hay que mencionar a la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, quien se sorprendió por la falta de reacción al hecho de que un detenido en Arona (Tenerife) pasara, en tres días, de ser presentado como asesino de su hija a la libertad sin cargos, tras descubrirse el error cometido con él.
Si la presunción de inocencia está en peligro, no puede ser solo la de los políticos. Es lo que tiene reaccionar a la corrupción en ese sector diciendo que se trata de un complot contra los investigados.
