El juez afirma que Oltra no hizo caso a la policía

No se ha movido un ápice de su posición inicial. El magistrado juez Juan Montero, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), comunicó ayer la desestimación del recurso presentado por la fiscalía contra la acusación a Mònica Oltra, portavoz de Compromís, de desobediencia a la policía, lo que equivale a que sea juzgada por una falta. "El comportamiento de Mònica Oltra está más próximo a una actitud gandhiana que de ofensa a la dignidad y condiciones del ejercicio de la función pública". Esa fue la definición que le trasladó de lo ocurrido el día seis de abril en El Cabanyal, tras visionar una grabación y atender a varias testificales, el ministerio público al instructor Montero para que desistiera de su intención de procesar a la diputada autonómica. Y no solo. En el recurso, al que se adhirió la representación de Oltra, el fiscal dejó claro que "la negativa a abandonar el lugar no fue una negativa obstructiva, caprichosa y con una voluntad manifiesta de atentar contra la dignidad y las condiciones de ejercicio de la función pública, también llamado principio de autoridad".

Falta de pruebas

El fiscal añadió que: "Habría que darle a su comportamiento una interpretación benevolente, nunca incardinada en el ámbito del delito, e incluso ni siquiera de la falta". Y trató de ilustrar la posición con la reproducción de lo aportado por el mando de la policía local que presentó la denuncia y el atestado de la policía nacional. ¿Cómo? El fiscal recopiló que el intendente general jefe que denunció a Oltra dijo que esta "opuso gran resistencia". Nunca la vio ni conversó con ella. Afirmó, ese policía local, que lo supo por referencias. El inspector de la policía local afirmó que "el comportamiento de la diputada Oltra fue en todo momento educado y correcto". Uno de los dos policías que la cogió del brazo recuerda que ella le dijo que le dolía la cabeza. El otro, ni lo oyó. Otro intendente la vio caer al suelo "arrollada por la gente". Y el intendente GEO, "no reconoce para nada a Oltra". Pero Montero no ha aceptado ninguno de esos argumentos. Tampoco aquel en el que el fiscal pedía una interpretación restrictiva del aforamiento y por tanto que, en caso de que Oltra tuviera que ser juzgada, lo hiciera un juzgado ordinario y no la Sala de Lo Civil y Penal del TSJ. El fiscal le pidió a Montero que tomara él esa decisión. Y el juez le ha contestado que no, que será la sala la que lo determine.