Semestre fiscal

La presidencia belga de la UE ha comenzado esta semana, tras unas elecciones celebradas a principios de junio que no darán lugar a un nuevo Gobierno hasta bien entrado el otoño. En parte por esta debilidad (que se prolonga desde hace tiempo, dadas las dificultades para formar Gobiernos de coalición) y en parte por la agenda cargada de temas por resolver, el programa de la presidencia belga no tiene ideas fuertes y es muy continuista, dejando en parte la iniciativa al nuevo presidente del Consejo, el también belga Van Rompuy.

En el apartado económico, y dejando a un lado los retos más a largo plazo enmarcados en la Agenda 2020 y las ya habituales referencias a la economía sostenible y la innovación, las tareas más urgentes están ligadas a los desafíos fiscales en Europa y a las mejoras institucionales que eviten futuras crisis. La nueva onda de tensiones financieras ha acelerado los planes de ajuste fiscal en los países de la zona euro que levantan más sospechas en los mercados (España y Portugal); el resto están anunciando planes que, por mucho impacto social y mediático que tengan, solo ponen los detalles a programas de reducción de déficit que ya se anunciaron cuando se presentaron y aprobaron los programas de estabilidad a finales de 2009. El debate sobre un impulso fiscal adicional que se está produciendo en EE UU está fuera de lugar en Europa, por un lado porque las tensiones financieras están asociadas a los altos déficit y, por otro, porque Alemania está defendiendo fuertemente la necesidad de austeridad.

Hay cierto consenso en reforzar el principio de las sanciones a quienes no cumplan el PEC

Respecto al tema institucional hay varios frentes abiertos, pero el principal es cómo reforzar la gobernanza económica, a ser posible sin cambiar el Tratado de Lisboa, para evitar que se vuelvan a producir desequilibrios elevados. En este sentido, el grupo de trabajo constituido por el Consejo y liderado por Van Rompuy preparará sus propuestas para octubre, mientras que el BCE y la Comisión ya han avanzado varias ideas. Ante la imposibilidad práctica de avanzar hacia una mayor unión fiscal (no tendría mucho sentido sin una unión política), parece existir cierto consenso en reforzar el principio de las sanciones a quienes no cumplan sus objetivos fiscales, que era la base del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), complementándolas con retirada de fondos estructurales, de los derechos de voto y el adelantamiento de los procedimientos. No todas esas propuestas son convincentes, ya que si el PEC se incumplió fue en parte porque no se pudieron imponer sanciones procíclicas (que agravan la situación de un país cuando tiene problemas). Otras ideas que se barajan son el control por la Comisión o un nuevo organismo independiente de los presupuestos nacionales antes de que se presenten al Parlamento, la vigilancia de desequilibrios en el sector privado (son los que han desencadenado la crisis) o extender las reglas fiscales constitucionales a todos los países de la zona.

Sin embargo, estas propuestas no son soluciones perfectas. El problema que late tras la crisis griega, y que no tiene fácil solución, es la tensión existente entre la necesidad de salvar financieramente a un país que no cumple para evitar el contagio, y el incentivo que esto genera para no tomarse la disciplina fiscal en serio. La clave de las futuras reglas fiscales es, por tanto, diseñar un mecanismo de solución de crisis que dé una respuesta al conflicto entre disciplina fiscal y salvamento en última instancia.

Miguel Jiménez González-Anleo es Economista jefe para Europa, BBVA Research