Patrimonio exigió supervisar toda obra cercana al Jardín de Monforte

La Dirección General de Patrimonio, que depende de la Consejería de Cultura, advirtió en 1992 de que la "realización de obras" en el entorno del jardín de Monforte, en Valencia, "deberá ser autorizada" por el propio organismo. Pese a eso, el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, aprobó en 2002 la construcción de un aparcamiento prácticamente debajo del jardín sin siquiera consultarle.

El grupo municipal socialista, que desveló ayer la exigencia de Patrimonio, apuntó además otras posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de las obras y construcción del aparcamiento. El edil Francisco Carsí explicó que la unión de empresas que ganó el concurso para ponerlo en marcha, Secopsa y Ortiz, no fue la mejor puntuada. El Ayuntamiento descalificó al grupo de empresas con mejor evaluación ya que, según su informe, a una de las firmas le faltaba experiencia. El concejal Juan Ferrer, que acompañó a Carsí, calificó la operación de "tongo". El edil señaló que lo habitual es que el Consistorio determine si una empresa tiene experiencia suficiente o no antes de evaluar su propuesta y no después. "En todo caso", explicó Ferrer, "la unión podría haberse modificado, pasa todos los meses en el Ayuntamiento. Sin ir más lejos, la unión de empresarios que va a levantar el centro cultural de La Rambleta, en el barrio de San Marcelino, se ha modificado hasta en tres ocasiones". Enrique Ortiz e Hijos integra el grupo de sociedades implicadas en la presunta financiación irregular del PP a través de la trama Gürtel.

El Supremo acepta el recurso de Salvem contra el derribo de la vieja Tabacalera

Francisco Carsí contó también que Urbanismo no solo obvió pedir un informe a la Dirección General de Patrimonio para determinar si el jardín de Monforte peligraba por las obras; tampoco lo requirió de la Comisión Municipal de Patrimonio. El edil socialista detalló que el Ayuntamiento suele ignorar los dictámenes de la Comisión, pues lo mismo ocurrió con la construcción del aparcamiento de Tabacalera o en el del número 10 de la calle Pizarro.

Bellver contestó por la tarde que "todos los informes que aparecen en el expediente del aparcamiento" del jardín de Monforte "son favorables". "En los 1.400 folios del expediente", sigue, "nadie, ni técnico, ni institución, ni asociación, ni particular, ni grupo político solicita o sugiere un informe de Patrimonio".

Bellver, imputado por un presunto delito de prevaricación y otro contra el patrimonio artístico por este asunto, argumentó la semana pasada ante el juez, igual que ayer, que desconocía la protección del jardín, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). El edil popular, licenciado en Geografía e Historia, ignora entonces los requisitos que se exigen en la página web de su área en el Consistorio para iniciar una obra de nueva planta como es el aparcamiento. "Importante", reza el impreso que el interesado debe entregar al Ayuntamiento para tramitar el permiso de obra; y a continuación aparece una lista de los documentos requeridos, uno de ellos la "autorización de la Consejería de Cultura cuando el emplazamiento se ubica en ámbito de vigencia arqueológica o en entorno de BIC". De hecho, solo para ejecutar obras menores se necesita el permiso de la Dirección General de Patrimonio.

Por otro lado, el Tribunal Supremo admitió ayer a trámite un recurso de Salvem Tabacalera, en contra de la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano que avalaba la modificación del planeamiento urbano de Valencia para poder derribar parte de la antigua fábrica de tabacos, un edificio de principios del siglo XX, que el Ayuntamiento ha derribado en parte.