El juez mantiene la imputación de Carlos Fabra por tres delitos

El titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha decidido mantener las imputaciones contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). En el auto dictado ayer el juez rechaza la solicitud de archivo de la causa planteada por el dirigente del PP y considera que el procedimiento debe continuar. La decisión acerca, así, a Fabra al banquillo de los acusados, aunque todavía queda un trámite por cumplir, que se cumplimentará cuando las partes califiquen los hechos y especifiquen las penas de cárcel que le corresponderían al dirigente del PP por cada uno de los delitos cometidos.

Pin rechaza imputar a los directores de los bancos en los que operaba Fabra

Después de que la Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular y las defensas presenten este escrito, el juez decretará el auto de conclusión del procedimiento en el que acordará el sobreseimiento o la apertura de juicio.

Al margen de la decisión adoptada por el juez respecto a Fabra, el titular del juzgado número 1 de Nules ha decidido seguir con la tesis de la fiscalía, que limitó a cuatro imputados el caso, excluyendo incluso de la acusación de los delitos contra la Administración pública a la esposa de Fabra, María Amparo Fernández. De esta manera, el juez solo mantiene la imputación sobre el presidente de la Diputación de Castellón, por los tres delitos mencionados, sobre su esposa, por fraude fiscal y sobre Vicente Vilar, el empresario que le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, y la esposa de este, Monserrat Vives, por tráfico de influencias y cohecho.

Por ello, en el auto declara el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa para ocho personas que mantenían la condición de imputadas, así como para el noveno imputado, que falleció durante la tramitación del procedimiento.

El fiscal no esgrimió, ni en la vistilla ni a la salida del juzgado, las razones por las que adoptó esta decisión, que ahora ampara el juez y que, en cualquier caso, tiene como base legal la ausencia de indicios para juzgar la participación de ningún funcionario o cargo público en la trama, pese a las decenas de escritos que, por ejemplo, remitía el ahora ex senador del PP Miguel Prim interesándose por los productos de Vilar.El titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha desestimado los recursos de reforma presentados contra el auto que transformaba las diligencias previas del caso Fabra en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Entre los recursos se encontraba el de la Fiscalía Anticorrupción, en el que reclamaba que la competencia para juzgar al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, correspondía a un tribunal de jueces y no a un tribunal popular, tal como había señalado el juez e igual que había solicitado la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores.

Sin embargo, en la desestimación del recurso, el juez de Nules insiste en que, por los supuestos delitos cometidos, tráfico de influencias y cohecho, la competencia es de un jurado popular que, además, deberá resolver sobre los presuntos delitos fiscales (aunque no son competencia del tribunal del jurado), dada la conexión de estos con las principales acusaciones, que son las de haber intermediado ante la Administración para tratar de agilizar autorizaciones para fabricar fitosanitarios y, después, cobrar por ello.

Otro de los recursos que el juez ha desestimado ha sido el del letrado de Fabra, que reclamó la nulidad del auto que daba fin a más de seis años de instrucción.

De igual modo, el titular del juzgado número 1 de Nules ha decidido no atender la solicitud de la acusación popular, que pretendía extender la imputación a los directores de los bancos en los que operaba Fabra, después de que los peritos detectaran ingresos millonarios que "no hubieran sido posibles sin la estrecha colaboración de los directores de las oficinas bancarias", tal como sostuvo la acusación. Tampoco ha aceptado la solicitud de la acusación popular de que se imputara al empresario Antonio Bonet, quien admitió haberse hecho cargo de un préstamo de 390.000 euros solicitado por Fabra y que el empresario firmó como avalista. La acusación entendía que éste fue un "mecanismo alternativo" para ingresar dinero "dándole de esta forma una cierta apariencia de legalidad, cuando en realidad no era más que el pago por algún favor o algún negocio del Señor Fabra". En cualquier caso, el juez no lo entiende así y Bonet no ha sido imputado.

Otra de las decisiones que ha adoptado el juez ha sido la de no admitir la práctica de pruebas solicitadas por el abogado de Fabra y de su esposa en la comparecencia celebrada el pasado viernes. Entre otras cosas, el letrado había solicitado que se requiriera a la Agencia Tributaria para que aportara las actas de conformidad o disconformidad del matrimonio Fabra sobre las inspecciones del impuesto de patrimonio realizadas entre 1999 y 2002. El presidente de la Diputación de Castellón quería también que se tomara declaración, en calidad de testigo, al inspector de Hacienda que realizó la inspección sobre las declaraciones del matrimonio tanto del IRPF como de patrimonio del ejercicio de 1999, que concluyó con una denuncia de la Agencia Tributaria por un presunto delito fiscal y que desencadenó el inicio de la investigación sobre el patrimonio y las cuentas de la familia Fabra. Las pesquisas concluyeron con la redacción de un informe, elaborado durante más de cuatro años, en el que los peritos judiciales, que también son inspectores de Hacienda, destaparon la existencia de ingresos en las cuentas del matrimonio Fabra que no se corresponden con su patrimonio ni con su renta.

Según el informe, tras analizar más de ocho millones de euros ingresados en las cuentas de los Fabra entre 1999 y 2004, los peritos detectaron ganancias patrimoniales "no justificadas" que ascienden a 3,6 millones de euros. Además, el documento, que fue incluido en las diligencias, sostiene que el presidente de la Diputación de Castellón y su esposa defraudaron a la Hacienda pública 1,7 millones de euros durante esos años, una acusación que se concentra en la posible comisión de nueve presuntos delitos fiscales.